La Corte Suprema de Justicia convocó para el próximo 10 de septiembre a una audiencia pública de carácter informativo destinada a determinar quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa en el marco de conflictos laborales, en una decisión que generó fuerte preocupación en el mundo sindical, donde temen por una ofensiva para limitar los alcances del derecho de huelga.
La convocatoria del máximo tribunal a la audiencia fue resuelta en el marco de la causa «Orellano, Francisco c/ Correo Oficial», que se inició a partir de un conflicto colectivo que llevaron adelante los trabajadores de la empresa estatal sin el apoyo del sindicato de la actividad, lo que derivó en el despido de 46 empleados del centro de distribución de Ezeiza.
La Justicia laboral de primera instancia y luego la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo interpretaron que se trataron de despidos discriminatorios, en tanto los trabajadores fueron cesanteados por ejercer el derecho de huelga y petición, y ordenó la reinstalación de los trabajadores en sus puestos.
Pese a que la Cámara en su sentencia consideró que la titularidad del derecho de huelga no corresponde a los trabajadores en forma individual, sino que concierne al colectivo de la actividad u oficio aunque sus integrantes no estén afiliados a un sindicato, el Correo Oficial elevó un recurso ante la Corte planteando objeciones contra esa interpretación, por lo que el máximo tribunal dispuso el llamado a la audiencia pública con la finalidad de discutir sobre «quién es o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa».
El debate de fondo planteado por la Corte pone en discusión si el derecho constitucional de huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es una potestad exclusiva de los sindicatos con personería gremial o corresponde a una concepción en sentido amplio de la palabra «gremio», lo que involucra una pluralidad de trabajadores, unidos por el hecho de pertenecer al mismo gremio sin tener en cuenta su afiliación a un sindicato, o inclusive a los integrantes de un establecimiento o sección de establecimiento.
Esa disyuntiva divide aguas entre las organizaciones sindicales que integran las dos vertientes de la CGT, la central oficial de Antonio Caló y la opositora de Hugo Moyano, interpretan que la titularidad del derecho de huelga corresponde a las entidades con personería gremial, y las dos CTA, reclaman que ese derecho no puede ser limitado exclusivamente al sindicato.
A su vez, desde la Federación aceitera, que confirmó su participación en la audiencia, el abogado Carlos Zamboni sostuvo que “todo lo que la Corte pueda llegar a decir, apartándose de la voluntad constituyente de los convencionales que sancionaron el artículo 14 bis, puede tener consecuencias muy graves para la clase trabajadora”.
Al respecto, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) clausuró una jornada de capacitación, donde enfatizó la defensa del derecho de huelga y rechazó “cualquier regulación que lo cercene”.
El encuentro se realizó en la sede de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) ubicada en el barrio porteño de Congreso.
Juan Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), sostuvo que “la crisis mundial pone en riesgo el derecho de huelga, algo fundamental y que requiere ser defendido a ultranza en la Argentina”.
Precisamente, sindicalistas argentinos de todas las corrientes y también latinoamericanos denunciaron en las semanas previas a la 104ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, “el feroz y renovado embate del grupo de los empleadores para limitar ese derecho”.
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