El Consejo de la Magistratura resolvió no renovar las subrogancias del secretario Santiago Ulpiano Martínez y del abogado Claudio Pontet y dispuso la designación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Organismos y querellantes pidieron la remoción de ambos. El fiscal Palazzani estuvo entre los expositores.
El Consejo de la Magistratura resolvió esta tarde no renovar las subrogancias del abogado de la matrícula Claudio Pontet y del secretario Santiago Ulpiano Martínez y los apartó de su intervención en causas judiciales en Bahía Blanca, entre ellas las relacionadas a crímenes de lesa humanidad, luego de las denuncias y pedidos de apartamiento formulados por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, querellantes y organizaciones de derechos humanos.
El órgano de gobierno del Poder Judicial también resolvió que el titular del Juzgado Federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, asuma la subrogancia del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca -hasta hoy a cargo de Martínez-, lo cual implica que también intervendrá en las causas por crímenes durante la época del terrorismo de Estado.
Para arribar a esas decisiones, el Consejo de la Magistratura necesitó del voto de su presidenta, Gabriela Vázquez, quien desempató el 6 a 6 preliminar. En su exposición, la jueza señaló que el Consejo debía «en cumplimiento de una obligación constitucional, asegurar el servicio efectivo de justicia en Bahía Blanca y la tutela judicial efectiva», lo cual, explicó, no se daba en este momento en esa jurisdicción.
El Consejo había empezado a sesionar durante la mañana, cuando recibió declaración al también cuestionado y recusado por la fiscalía secretario Mario Fernández Moreno. La audiencia se celebró en el marco de una importante concurrencia y expectativa de militantes y organizaciones de derechos humanos.
Tras la exposición del secretario, el fiscal Palazzani declaró, luego de que pidiera ser escuchado, dado que no había sido citado. El Consejo primero votó si correspondía citarlo y, tras la decisión afirmativa, el representante del Ministerio Público expuso ante el órgano las razones que llevaron a la fiscalía a solicitar el apartamiento de los funcionarios subrogantes por obstaculizar el proceso de verdad y justicia.
Luego siguieron las declaraciones del representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, y de la Alejandra Santucho, de HIJOS, de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, de la madre de Plaza de Mayo Laura Conte y del ex fiscal general bahiense y copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, quienes acompañaron la solicitud de la fiscalía, tal como lo habían proclamado las diferentes organizaciones que hace veinte días se reunieron en aquella ciudad en el marco de la Mesa de Discusión Social e Institucional.
Las subrogancias de Pontet en las causas que implican a civiles en crímenes del terrorismo de Estado -el empresario Vicente Massot, el ex secretario judicial Hugo Sierra y el ex capellán Aldo Vara- y la de Santiago Ulpiano Martínez en el resto de las causas por crímenes de lesa humanidad -que implican a miembros de la Armada y el Ejército- llegaron a consideración del Consejo de la Magistratura por decisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca. El tribunal de alzada de esa ciudad decidió poner a consideración del Consejo las subrogancias de ambos funcionarios tras las denuncias de la Unidad Fiscal que integran Nebbia y Palazzani.
Los fiscales recusaron a Pontet y Martínez por temor de parcialidad. El primero dictó la falta de mérito de Massot y el sobreseimiento de Sierra. El segundo, Martínez, junto a su secretario Fernández Moreno, lideró la «embestida» que creó el escenario para que la defensa de Vicente Massot recusara y forzara la salida del juez subrogante Álvaro Coleffi cuando -después de indagar al empresario- se disponía a resolver su situación procesal.
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