Los peritos que participaron de la junta médica que generó respuestas para los 24 interrogantes planteados por la fiscal Viviana Fein en torno a la muerte de Alberto Nisman no lograron estampar la firma al informe final que ya está elaborado, porque los peritos de la querella no se presentaron a la hora acordada para dar por terminado el trabajo formal.
Los miembros de la junta médica esperaban entregarle hoy el informe a la fiscal que conduce la investigación por la muerte del titular de la UFI-AMIA, pero la ausencia de los peritos designados por la jueza Sandra Arroyo Salgado demoró hoy la firma conjunta del texto, algo que finalmente ocurriría el próximo martes.
Trece peritos, entre los que estaban los que practicaron la autopsia, los legistas de la Policía Federal y el representante del imputado Diego Lagomarsino se presentaron hoy a las 8.30 en el Cuerpo Médico Forense para participar de la lectura del informe -con sus disidencias-, estampar su rúbrica en los folios y dar por concluido su trabajo.
Una hora y media más tarde levantaron la audiencia sin que hubieran llegado los forenses Osvaldo Raffo y Julio Ravioli, quienes concurrieron a la sede del Cuerpo Médico Forense más tarde y ya sin la presencia de sus colegas con los que, al margen de las diferentes posturas, deberán firmar el documento.
El documento de los peritos del dictamen mayoritario, cuyos criterios permitirían considerar que se trató de una muerte auto infligida, ya estaba listo la semana pasada, y acuerdan en grandes rasgos con el informe original de los forenses Héctor Di Salvo y Fernando Trezza, que realizaron la autopsia.
Si embargo, siguiendo normas en uso, el plazo para los peritos que quisieran plantear sus disidencias se extendió hasta el miércoles para que completen su presentación, explicó una fuente de la investigación.
“Esperamos hasta hoy y no llegaron, pero cuando lo hicieron la mayoría ya se había retirado, por lo que tampoco lo podían leer y firmar”, agregó.
Los peritos por parte de la querella concurrieron tarde al encuentro porque consideraron que no tenían que participar de la lectura del informe completo antes de ser entregado -también se habían ausentado durante buena parte del debate- y quisieron introducir sus documentos para que luego todos sus colegas los firmaran, algo que se negaron a hacer quienes aún no se habían retirado bajo el argumento de que primero deberán leer los documentos, indicaron las fuentes con acceso a la investigación.
Durante la etapa de los debates hubo fuertes discusiones que se produjeron en torno a algunas de las 24 preguntas formuladas por Fein y en especial a la supuesta rigidez que mostraba el cuerpo de Nisman, según el primer informe.
Una de las novedades sería que existiría un consenso mayoritario en que no existió espasmo cadavérico, lo que explicaría por qué el arma se deslizó luego del disparo hasta quedar abajo del cuerpo y no le quedó al fiscal en la mano.
“Eso no prueba que haya sido asesinado sino simplemente que la muerte no fue instantánea, que hubo aunque sea una corta agonía”, explicó una fuente para quien, en cualquiera de los dos casos, «podría haberse disparado él o no».
Por otra parte, la pericia técnica indicó que su computadora personal se abrió en la mañana del domingo desde su propio dispositivo y no desde el exterior, lo que reforzaría la hipótesis de que Nisman murió ese día y no en la noche del sábado como planteó la querella encabezada por la madre de las dos hijas del fiscal, Arroyo Salgado.
Estas incógnitas comenzarán a despejarse partir del martes, cuando los peritos médicos se presenten nuevamente para firmar el documento en conjunto. Una día después, según el cronograma vigente, también entregarán su dictamen los peritos criminalistas.
En base a los informes de las juntas de peritos médicos y criminalistas, la fiscal Fein pretende modificar la carátula de la causa que investiga la muerte de Nisman quien el 18 de enero apareció tirado en el baño de su casa con un tiro en la cabeza.
El único imputado en la causa es el colaborador informático de Nisman, Diego Lagomarsino, por ser el dueño del arma desde la que salió el disparo que acabó con la vida del fiscal.