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Dip. Nac. Omar Duclós*

La situación laboral actual en Argentina se encuentra inmersa en un contexto macro de desaceleración de la actividad económica, caída del consumo e inversión; sumado a la pérdida de valor real del salario a causa de la inflación.  En ese escenario, durante el año 2014, la tendencia negativa del mercado de trabajo registrada desde el año 2007, continuó acentuándose. La proporción de personas ocupadas con relación a la población económicamente activa (PEA) total, ha retornado a niveles similares al año 2007.

Aunque se muestre solo un leve aumento del índice de desocupación que lo ubicó para el 2014 en 7,3%, ello se explica en base a la presencia del llamado “desempleo oculto”. El mismo, se produce por la falta de oportunidades laborales que acaba por desalentar la búsqueda de trabajo. Este fenómeno llevó a muchos desocupados a abandonar la PEA y engrosar el segmento de inactivos. Así, se computa alrededor de medio millón de personas menos en la PEA en 2014 que en 2007, quienes se retiraron del mercado laboral, encontrándose en situación de “trabajador desalentado”. Complementariamente, se deben considerar los programas asistenciales laborales (Plan Jefes y Jefas o Argentina Trabaja) que se computan como personas ocupadas.

Ahora bien, el Estado ha intentado suplir la tendencia contractiva del mercado laboral privado, generando nuevos empleos públicos. Así, aproximadamente 8 de cada 10 de los nuevos puestos generados en el año 2014 fueron en el ámbito público.

Este análisis, deriva entonces en la pregunta sobre cuáles son los segmentos sociales más afectados por estas restricciones del mercado laboral. Allí aparecen los jóvenes (18-24 años), para quienes 6 de cada 10 puestos de empleo conseguidos, son precarios e informales. Aquí vale destacar, que si la vida laboral comienza en el ámbito de informalidad, luego será más difícil cambiar el rumbo.

Por su parte, el segmento de jóvenes pobres “Ni Ni” inactivos (que no estudia, ni trabaja, ni busca trabajo) ascendió entre el  2003 y el 2013, en un 14,7%.

Existe un vínculo directo entre el desempleo juvenil y la exclusión social, por ello es que esta problemática trasciende el ámbito laboral para configurarse en un reto socioeconómico trascendente para el logro de la sustentabilidad social y económica de nuestra sociedad.

En este punto, la educación cobra un rol central. En Argentina, aproximadamente 135.000 alumnos abandonan la escuela secundaria cada año. De los 3.3 millones de jóvenes censados en el año 2010, el 21,6% no terminó la secundaria, siendo éste un requisito básico para el acceso a un empleo formal. Una buena educación brinda cantidad de herramientas necesarias para la vida laboral: además de la instrucción formal, comprende la incorporación de las llamadas “habilidades blandas”, que abarca capacidades como comunicación e interacción, trabajo en equipo, comprensión de consignas y motivación, entre otras. Hoy se ha entendido que la decisión de incrementar el presupuesto educativo no es suficiente, sino que hay que revisar la política educativa en su integralidad y la consecuente asignación de recursos, para obtener mejores resultados vinculados a la calidad y equidad.

En suma, la estrategia de expansión del empleo público, asociada a criterios clientelares de ingreso y promoción, con baja productividad, sumado a la precarización laboral derivada del insuficiente crecimiento de la economía y a las debilidades de calificación de los recursos humanos, antes mencionadas, constituyen condiciones reproductoras de la brecha de desigualdad, que hoy muestra a casi un tercio de compatriotas privados del bienestar básico. Recuperando la transparencia y las capacidades del Estado, debemos planificar nuestro modelo de desarrollo económico y social, ubicando a la educación como uno de los instrumentos estratégicos para garantizar igualdad de oportunidades, logrando una transición exitosa de los jóvenes desde la escuela al mundo laboral, con empleos formales, productivos y dignos.

*Presidente Partido GEN, Pcia. BsAs.