Ante la superpoblación en las cárceles, en una entrevista realizada por Miguel Abálsamo de FM La Radio, el juez Juliano propuso liberar a determinados internos; en tanto que el titular de Justicia, Ricardo Casal, le respondió: “Es absurdo que un juez quiera liberar miles de presos”
La situación en las cárceles bonaerenses es por demás grave. A la superpoblación se le suman, entre otras cosas, los problemas en la pésima infraestructura del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Ante el informe de la Comisión Provincial por la Memoria que señala que hay «un récord histórico de 33.166 detenidos» en la provincia de Buenos Aires, el juez de Necochea Mario Juliano reflotó una propuesta que le había hecho al gobernador Daniel Scioli: liberar a determinados internos.
Rápidamente, salió a responder el ministro de Justicia, Ricardo Casal, quien está formado dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense: “Resulta extraño que un juez responsable de encarcelar le pida al Ejecutivo que conmute penas”.
«Se trata de una propuesta que subvierte las decisiones de la justicia y va a contramano de lo que espera la sociedad”, explicó el funcionario.
La propuesta de Juliano apunta, en entrevista con FM La Radio, a «quienes se encuentran en faz de confianza, realizando salidas laborales o educativas, ya prácticamente al cabo de las condenas. Los mayores de 60 años de edad. Las mujeres que conviven en las cárceles con sus hijos menores de edad, en los que hay muchas condenas por micro tráfico de estupefacientes, que no es por justificar lo que han realizado, pero en muchos casos hay mujeres muy carenciadas y vieron eso como una salida para poder mantener a sus hijos y también su propia adicción.
Otra de las categorías que nosotros proponemos es los delitos tentados, que son los que no fueron consumados, que no han representado una lesión a las víctimas ni a los bienes jurídicos. Normalmente este tipo de delitos se encuentran sancionados con penas bastante menores a casos con hechos consumados”.
Casal, sin embargo, indicó que “la conmutación de penas es de aplicación absolutamente excepcional y este gobierno jamás la utilizará del modo propuesto por este magistrado, que es equivalente a una amnistía general”.
Por su parte, cabe remarcar que la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Aires una acción de inconstitucionalidad sobre el decreto 220/14, sancionado por Scioli en abril , en el que se declara la emergencia de seguridad. Por otra parte, elevó un informe a la Legislatura provincial donde analiza las consecuencias del plan de emergencia y pide que se interpele a los ministros de Justicia y Seguridad de la Provincia.
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