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El fiscal Walter Rodríguez había solicitado el procesamiento en el día de ayer y había denunciado retardo de justicia por parte del juzgado. El hecho ocurrió en el año 2013 en una reunión en la que Daniel Stechina dijo que las autoridades nacionales debían irse «a las patadas». Escrito Completo.

El productor agropecuario Daniel Stechina fue procesado por incitación a la violencia colectiva, tal como había solicitado en el día de ayer el fiscal Walter Rodríguez. En su presentación, el representante del Ministerio Público había denunciado retardo de justicia por parte del juzgado interviniente, que finalmente notificó el auto de procesamiento. El juez ordenó también el embargo de los bienes de Stechina por la suma de 5 mil pesos.

El hecho sucedió el 9 de abril del 2013 en el marco de un encuentro de la Mesa de Enlace, que se llevó adelante en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe. El fiscal manifestó que Stechina propuso “de manera dura concisa y concreta -‘sin tibiezas’- la deposición de las autoridades públicas nacionales, las que según sus expresiones deberían irse del país ‘a las patadas’, para lo cual destacó la existencia de ‘métodos psicológicos y de acción directa que se pueden implementar para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente’, refiriéndose a funcionarios del Gobierno Nacional”.

Rodríguez consideró que los dichos de Stechina, realizados en una reunión abierta, con repercusión en los medios de comunicación y con la participación de numerosos dirigentes del sector agropecuario, se enmarca en el artículo 212 del código penal, que prevé una pena de 3 a 6 años de prisión a quien “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos o instituciones, por la sola incitación”.

El fiscal consideró que la defensa del productor no pudo revertir las pruebas reunidas, por lo que se encuentran dados los elementos dados para que proceda su procesamiento, tal como hoy se resolvió.

En cuanto a si el pedido del procesamiento puede entenderse como una afectación a la libertad de expresión, el representante del Ministerio Público manifestó que la negativa a esa pregunta se encuentra dada por la existencia, en el Código Penal, de ese delito. Y que las expresiones que aquí se cuestionan “constituyen palabras direccionadas a resquebrajar el orden público”.