Por Antonio Elio Brailovsky
En los municipios de Quilmes y Avellaneda, aguas abajo de la desembocadura de las aguas negras del Riachuelo y junto al relleno sanitario del CEAMSE (cerrado pero no saneado) se proyecta una enorme urbanización de lujo. En un lugar en que los pobres (que son pobres pero registran la insalubridad de un sitio) no levantan viviendas precarias, se harán hoteles de cinco estrellas, torres para departamentos caros, marinas, parques y una Universidad. El proyecto se llama Costa del Plata y ocupa 220 hectáreas, de las cuales 50 estarán construidas. Estiman que allí vivirían 27 mil personas en más de 8.000 viviendas y podría recibir hasta 80 mil visitantes diarios.
La empresa muestra en dibujos y maquetas un vistoso frente sobre el Río de la Plata. El color azul Mediterráneo atribuido al agua esconde que se trata de una de las costas más contaminadas del mundo. Francisco José de Amorrortu dice que son obra «de un ilusionista que nunca le dio por imaginar los siglos que demorará Natura en estabilizar las paradisíacas montañas de basura que tiene este sueño a sus espaldas, para que dejen de percolar sus inmundicias».
Una publicidad tan burda, ¿podría engañar a alguien? ¿Qué persona que tenga mucho dinero se iría a vivir al centro del infierno? ¿O habrá gente que compre para tenerlo como inversión, sin ir nunca allí?
Para tratar de interpretar qué está pasando, tenemos que salirnos de los planos y acercarnos a las ruinas humeantes de un depósito de documentos que acaba de incendiarse en Buenos Aires. El depósito es propiedad de una empresa multinacional que se ocupa (con las más sofisticadas técnicas de seguridad) de proteger los documentos de millones de transacciones financieras. Sus clientes son los bancos y entidades semejantes, que ya no tienen lugar donde guardar tantas toneladas de papel. Esta empresa, entonces, les ofrece el servicio de una inmensa caja de seguridad para toda esa documentación.
Sin embargo, el edificio que contenía toda esa información acaba de incendiarse, en un desastre que costó la vida de 9 bomberos y rescatistas. Una breve revisión sobre los antecedentes de esa empresa muestra que ya tuvo en otros países media docena de incendios intencionales en sus archivos, a pesar de las más sofisticadas tecnologías para evitarlos. De modo que legítimamente podemos preguntarnos si la especialidad de la empresa es proteger documentos comprometedores o hacerlos desaparecer.
El paso siguiente es una mirada sobre esos papeles, ahora transformados en sangre y cenizas. Las entidades financieras tienen que guardar la documentación de sus transacciones. No es simple burocracia, sino que tienen que estar a disposición de la Justicia. Allí pueden aparecer las pruebas de delitos tales como el lavado de dinero.
¿Cómo operan los delincuentes: narcotraficantes, políticos corruptos, testaferros de dictadores de cualquier lugar de una economía globalizada?
Si depositan el dinero dentro del circuito legal, tienen que borrar los rastros que puedan orientar una investigación. Para eso se destruyen los archivos.
El paso siguiente es invertir en algo que sea muy caro o lo parezca. El negocio inmobiliario fue siempre uno de los preferidos. Está claro que los edificios no importan tanto como sus escrituras. Los inmuebles usados para blanquear se venden varias veces, a precios antojadizos, para borrar el origen de los fondos.
Aclaremos que, a pesar de tantas convenciones internacionales contra el lavado de dinero, todos los países se pelean por atraer los dólares de diversas mafias y facilitar que se inviertan en sus respectivos territorios. La banca suiza administró (y sigue administrando) gran parte del oro robado por los nazis. Los mexicanos atribuyen al cartel de Sinaloa el origen de los fondos que permitieron construir algunos de los grandes hoteles en la costa del Pacífico. El reciente boom de la construcción en varios departamentos de Colombia se origina en el derrame de una nueva clase media de narcos «pacíficos».
El doble discurso que caracteriza en todas partes a la política lleva a declamar contra el lavado de dinero pero también a facilitarlo. Lo que el crimen organizado no invierta en mi país lo terminará invirtiendo en otro lado.
Llevado esto hasta sus últimas consecuencias, ¿por qué no generar espacios para facilitar el blanqueo de dinero? Ya existen y se llaman Paraísos Fiscales. Son países especializados en cobrar impuestos muy bajos a los inversores extranjeros y, muy especialmente, en no preguntar el origen de su dinero. Argentina tiene listados 88 países con esas características y se considera que existen unos cuantos más. La competencia, entonces, es muy grande, porque todo el mundo quiere recibir el dinero mal habido.
Los Estados Unidos lo resolvieron con la creación de Las Vegas, una ciudad entera puesta al servicio de las organizaciones criminales o simplemente ilegales, para que desde allí ingresaran dólares al circuito legal.
¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo atraeremos el dinero de los delincuentes? ¿Servirán para eso los emprendimientos irracionales, como levantar una ciudad de ensueño en medio de un basural? ¿Conseguiremos los suficientes dólares como para justificar la inversión?
Y además, ¿nos importan los daños colaterales, como la muerte de algunos bomberos? ¿Sobre esto no hay políticas públicas, o acaso hay una política pública que nadie quiere decir en voz alta?
