La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, explicó que impulsará el enjuiciamiento del juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, por haber decidido que la extracción de las muestras de ADN de los hijos de la dueña del grupo Clarín se efectuara en el Cuerpo Médico Forense y no en el Banco Nacional de Datos Genéticos como lo establece la ley. Marcela y Felipe Noble fueron sometidos hoy a una extracción de sangre para determinar si son hijos de desaparecidos.
El Cuerpo Médico Forense procedió hoy a la toma de muestras sanguíneas de los hijos adoptados de la dueña del multimedios Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para determinar si son hijos de desaparecidos, procedimiento que fue apelado y cuestionado por las Abuelas de Plaza de Mayo por no haberse hecho en el lugar que dispone la ley.
Las actas se firmaron en la sede del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y la extracción se llevó adelante en la Morgue Judicial, luego de que el juez Conrado Bergesio acatara la orden que había sido dispuesta por la Cámara Federal de San Martín.
Tras el procedimiento, el abogado de la familia Noble-Herrera, Jorge Anzorreguy, consideró que el mismo «se realizó correctamente», y puntualizó que «esto es el comienzo del examen, y se sigue el examen ordenado por la Cámara de Casación Penal».
Al ser consultado sobre el pedido de cotejar las muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos, el letrado respondió que «no es el momento de opinar eso, porque lo único resuelto en el expediente, por la Cámara de Casación Penal, es que se haga el examen como estaba solicitado por los señores Noble Herrera».
Según explicó, los Noble Herrera solicitaron este examen «hace 5 años y medio» y sostuvo que los hijos de la dueña de Clarín, Marcela y Felipe, «están de acuerdo en que se haga el examen de la forma que ellos lo solicitaron y que estaba ordenado por los tribunales».
Sin embargo, el apoderado de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, Mariano Gaitán, cuestionó el procedimiento debido a que «no se ha realizado correctamente».
«Se ha realizado en una institución que no es la perito oficial para realizar este tipo de análisis. La ley -refirió el representante legal- claramente establece que es el Banco Nacional de Datos Genéticos donde se deben hacer todas las pericias relacionadas con casos de sustracción de menores durante la dictadura, y eso incluye la extracción de las muestras».
Gaitán aclaró además que el juez «solamente ha ordenado la toma de las muestras, y que permanezcan en custodia. Todavía no se ha dado ninguna orden para cotejar esas muestras con grupos familiares».
Respecto del trabajo del Cuerpo Médico Forense, Gaitán señaló que éste «no realiza las pericias en forma directa, sino que las delega a laboratorios privados», y además «está sospechado de irregularidades, que la Corte Suprema ha ordenado investigar».
Frente a la sede del Cuerpo Médico Forense, en Lavalle 1429, se hicieron presentes referentes de H.I.J.O.S y el legislador porteño Juan Cabandié, quienes entregaron una carta dirigida a Felipe y Marcela, donde expresaban apoyo en «este duro momento».
Mas tarde, la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo anunció que promoverá un pedido de juicio político al juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, por considerar que tomó una medida «ilegal» y su titular, Estela de Carlotto, calificó de «política e ideológica» la disposición del juez de autorizar la Morgue para la extracción.
También, Carlotto denunció que «se aceleró el trámite» de tal manera que no se dio tiempo» a Abuelas a presentar su perito de parte, quien reside en Córdoba.
«Es una incógnita saber qué delitos habrá detrás de este caso para que se tergiverse y se dilate todo de tal manera», sostuvo la titular de Abuelas, en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la asociación en Virrey Cevallos al 500 junto a organismos de derechos humanos, legisladores y nietos recuperados.
Especificó además que las muestras de ADN de los hijos de Noble «deberían ser entrecruzados con los de 22 familias» que buscan a sus nietos, hijos de detenidos desaparecidos y con «todo el banco genético» del Banco Nacional de Datos Genéticos.
La ley 26.548, sancionada el 18 de noviembre por el Congreso, establece que el Banco Nacional de Datos Genéticos «debe garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad».
En el Banco funcionará un Archivo Nacional de Datos Genéticos que contendrá información genética relativa a «la búsqueda e identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado, secuestrados junto con sus padres y/o de nacidos durante el cautiverio de sus madres, hasta el 10 de diciembre de 1983». (TELAM)
