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El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que “resulta sumamente llamativo que el magistrado haya adoptado esta medida cuando su renuncia al cargo fue aceptada el 6 de noviembre”. La Cámara Civil y Comercial Federal salió en su apoyo a través de un comunicado. Edmundo Carbone dejará su cargo el próximo 31 de diciembre.

El titular del juzgado Civil y Comercial Nº 1, Edmundo Carbone, días antes de dejar su cargo, prendió la mecha en torno a la reciente Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación declarando inconstitucionales dos artículos de la norma.

Julio Alak, ministro de Justicia, salió al cruce público de la resolución. La calificó de “extraña” y sostuvo que “seguramente será revocada por una instancia judicial superior”. Asimismo, agregó que “resulta sumamente llamativo que el magistrado haya adoptado esta medida cuando su renuncia al cargo fue aceptada el 6 de noviembre y restan 6 días hábiles -hasta el 31/12/09- para que abandone definitivamente su cargo. Si bien la medida es totalmente provisoria, pretende descalificar la plena vigencia jurídica de la ley sancionada recientemente por amplia mayoría en el Congreso de la Nación”.

El ministro consideró “extraño que el juez, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Capital Federal desde 1980, se haya declarado competente para entender en esta materia, ya que las cuestiones contra el Estado deben tramitarse dentro del fuero contencioso administrativo” y añadió, “queda claro que esta medida no es una declaración de inconstitucionalidad. Es una medida absolutamente provisoria, un examen superficial de la cuestión y, además, no está firme porque no ha sido confirmada en una instancia superior”.

La dimisión del magistrado (decreto 1654/2009) fue publicada por este medio los primeros días de noviembre de este año. No obstante, este lunes la Cámara Civil y Comercial, difundió un comunicado en el que se brinda su apoyo al magistrado.

En él se sostiene que “en atención a su trayectoria, (el juez) fue convocado con posterioridad a la aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo Nacional, para subrogar en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1, una vez que cesara en funciones para acogerse al beneficio de la jubilación”.

Y sostienen que “esta práctica se sustenta en el ‘estado judicial’ de todo magistrado jubilado y fue utilizada anteriormente por la Cámara para cubrir otras vacantes, tanto producidas en el curso del año 2008 –caso del Juzgado en lo Civil y Comercial nº 10-, como así también en el curso del año 2009, ante las vacancias de los Juzgados en lo Civil y Comercial Federal nº 7 y nº 8”.

A lo que agregan que incluso en el año 2006, Carbone, fue merecedor del Premio a la Excelencia Judicial, otorgado el 4/10/2006 por FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) en acción conjunta con IDEA y con el auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La semana pasada, la diputada y consejera de la magistratura, Diana Conti, sin nombrarlo, también cargó contra el magistrado, cuando por medio de un comunicado exhortó a que los «jueces con licencias médicas, con jubilaciones otorgadas, con renuncias aceptadas a fecha, y otras prerrogativas», dejen de cumplir funciones y eviten el delito de «prevaricato», en obvia alusión a la decisión de Carbone. Otros fallos

Además del fallo de Carbone, se dio a conocer otro fallo con respecto a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es el que dictó el titular del juzgado Federal Nº 2 de Salta, Miguel Antonio Medina, quien ordenó suspender la aplicación de la ley a pedido del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco).

Como el juez salteño también ordenó al Ejecutivo que se abstenga de reglamentar la ley, el fallo termina tenicnedo alcance nacional. La decisión del magistrado es «en defensa de los salteños a acceder a la información y no ver restringida la oferta informativa que se produciría si se venden o si desaparecen de canales».

La curiosidad, es que el juez se encuentra citado por el Consejo de la Magistratura para este martes por “mal desempeño”. Medina fue denunciado ante el organismo por su actuación en la causa por el secuestro del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone, que tuvo lugar el 11 de marzo de 1976.

El denunciante fue el nieto del político (que permanece desaparecido), Fernando Pequeño Ragone, quien sostuvo que las acciones en la causa por el secuestro de su abuelo se paralizaron desde que el expediente pasó a manos del juez Medina.

Por otro lado, este lunes la jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, dictó una medida cautelar para evitar que se aplique la Ley de Servicios de Comunicación. (Dju)