La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la sesión de este miércoles una gran cantidad de proyectos entre los que se encuentran el establecimiento de la mediación previa obligatoria y la equiparación al rango de magistrado de los curadores y tutores públicos.
Como es común a esta altura del año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación analiza una gran cantidad de proyectos y sanciona gran cantidad de ellos. Este año no es la excepción pues en la sesión del último miércoles la reforma política se llevó la atención mediática aunque también se dio vía libre a otras iniciativas entre las que se encuentran el establecimiento de la mediación obligatoria, la equiparación al rango de magistrado a los curadores y tutores públicos y la creación de un programa nacional de asistencia en adicciones.
Con respecto a la jerarquización de los curadores y tutores públicos como magistrados, el proyecto que obtuviera dictamen positivo de la comisión de justicia a fines de octubre de este año obtuvo media sanción con 128 a favor, 24 negativos y 5 abstenciones y ahora se dirigirá al Senado. En él se prevé este reconocimiento mediante la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 24.946.
La iniciativa fue presentada por el diputado José María Díaz Bancalari y entre sus fundamentos reza: “la naturaleza propia de la función -la defensa de los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la población- requiere que estos operadores sean investidos con las garantías constituciones de la magistratura para llevar adelantes su delicado cometido con la suficiente seguridad jurídica”.
Otros de los argumentos sostenidos al respecto eran que a los curadores se le han incorporado al curador una serie de responsabilidades que exceden la del “tratamiento específico de las problemáticas atinentes a los enfermos mentales” que “ha sido relegado a un segundo plano frente al tratamiento y consagración de los derechos de otras minorías, en el caso, los enfermos mentales declarados incapaces jurídicamente”.
De la misma manera de dio media sanción y se envió al Senado, el proyecto presentado el año pasado por el Poder Ejecutivo con 95 votos afirmativos, 31 negativos y 11 abstenciones en el que, de convertirse en ley, se establecería una mediación previa obligatoria a todo proceso con el objetivo de “promover la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia”.
No obstante quedaría excluida la mediación en las acciones penales; acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas, así como, las causas en las que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean parte.
Ambos proyectos han tenido media sanción en el recinto. Ahora será el turno para que el Senado de la Nación los apruebe y los convierta en ley o bien los devuelva, lo que tornaría más lento su tratamiento. (Dju)
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