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La Secretaría de Finanzas a cargo de Hernán Lorenzino publicó en EE.UU, un documento que reconoce la pobreza, la alta inflación, el descreimiento en el INDEC y la crisis energética. A la última dictadura la considera un simple «gobierno».

“Pese a la recuperación, la economía argentina todavía enfrenta importantes desafíos, incluyendo la extensión de la pobreza, el incremento del desempleo y el subempleo, alta inflación y escasez energética…” ¿Quién lo escribió?

Lo escribió el propio Gobierno. Hace unos pocos días, el 27 de octubre último, cuando presentó ante la SEC (Securities and Exchange Comission), el órgano regulador del mercado de valores en Estados Unidos, un documento imprescindible para la aprobación del canje de deuda con los holdouts.

Se trata del Formulario 18-K (justamente), un informe de 173 páginas que presentó “The Republic of Argentina”, en el que se describen en detalle las condiciones económicas, políticas y sociales del país.

“Form 18-K”, así se llama en inglés el documento que suelen presentar los “gobiernos extranjeros” que emiten títulos de deuda soberana comercializados en Wall Street. Se supone que allí se debe exponer con la mayor transparencia el estado de situación del país en cuestión, sus características socio demográficas, las cuentas de su economía, la historia y la actualidad del sistema político institucional, etc., etc.

Se cuelga en la página de la SEC para que los inversores interesados en adquirir títulos públicos dispongan de toda la información relativa al país. Es como una “guía turística” para quienes apuestan su dinero fuera de Estados Unidos.

En la portada del documento argentino figuran como “personas autorizadas a recibir avisos y comunicaciones de la SEC” Daniel Martín, de la Oficina de Representación Financiera de la Argentina en Washington, y Carmen Corrales, de Cleary Gottlieb & Hamilton, el carísimo estudio de abogados que defiende al Estado en temas vinculados con los juicios de la deuda y los holdouts.

Pero el informe fue elaborado por la Secretaría de Finanzas, a cargo de Hernán Lorenzino. En el afán por congraciarse con los inversores financieros, sorprende el tono “amigable a los mercados”: acepta la desconfianza que despiertan ciertos problemas de la economía argentina en algunos analistas y hasta se hacen propios esos argumentos.

Otro ejemplo. “Desde el último trimestre de 2006, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, una de las principales agencias estadísticas del Gobierno), ha sufrido significativos cambios de personal y controversias. Algunos empleados del INDEC y analistas han objetado los datos de la inflación (y otros datos económicos afectados por las cifras de inflación, como la pobreza y las estimaciones del PBI) publicados por el INDEC. Analistas privados y fuentes no gubernamentales publican estimaciones de inflación y otros datos estadísticos que difieren significativamente de los publicados por el INDEC”, admite el escrito.

Luego dice que “el Gobierno utiliza y confía en las estadísticas del INDEC, incluyendo los datos de inflación”. Y recuerda que, “en 2009, el Gobierno creó un consejo de representantes de distintas universidades públicas para analizar la aplicación y la precisión de la metodología del INDEC para estimar el IPC”. Pero inmediatamente después reconoce el problema de fondo: “La inflación representa un significativo desafío para la economía argentina”, asegura la presentación oficial.

El paper, obviamente, también explica que “el 23 de octubre el ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que Argentina procedería con sus planes de reestructurar su deuda en default”.

Y agrega que “para alcanzar ese objetivo se enviará al Congreso un proyecto de ley que suspenda la ley 26.017, que imponía algunas restricciones a una nueva reestructuración y otras transacciones con los holdouts”.

¿Dictadura o gobierno?

Es sabido que para los especuladores financieros dan lo mismo las democracias que las dictaduras, siempre que existan oportunidades de hacer buenos negocios.

Pero llama la atención que un gobierno que exalta la defensa de los derechos humanos como uno de sus estandartes publique en EE.UU. un documento en el que denomina a la dictadura del 76 simplemente “gobierno”, sin distinguir siquiera entre gestiones democráticas y de facto.

Como parte del resumen de la historia económica argentina del siglo XX, en la página 21 se dice: “En 1976, el gobierno (sic) empezó a desarticular el modelo de sustitución de importaciones, bajando barreras a la importación y liberalizando restricciones sobre los préstamos externos”. (…)

“Pese a estos cambios de política, desde 1981 hasta 1990 el crecimiento económico estuvo afectado por la inestabilidad política, grandes subsidios a las compañías públicas, alta inflación, periódicas devaluaciones, ineficiencia en la recolección de impuestos e ineficiencia en la producción”, agrega el documento. Y vuelve para mencionar también que “adicionalmente, en 1982, el gobierno (sic) declaró la cesión de pagos de la deuda externa”.

En fin, la historia oficial que cuenta el kirchnerismo a los mercados difiere del “relato” que narra en el país. Todo sea por conseguir que nos presten unos dólares más