Diputados opositores, legisladores bonaerenses, intendentes de la provincia y dirigentes de la Mesa de Enlace Agropecuario acordaron en el Congreso insistir con la aprobación de la ley de emergencia para Buenos Aires. El Poder Ejecutivo vetó un artículo porque incluía exenciones o rebajas en el pago de las retenciones para 37 municipios afectados por la sequía.
En la reunión de la llamada Mesa de Consenso Agropecuario convocada por el vicepresidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Christian Gribaudo (PRO), se consolidó la posición de rechazo del veto presidencial de diputados del macrismo, peronismo disidente, radicalismo y Coalición Cívica.
En esa línea, Gribaudo anunció que pasaba a la firma una nota dirigida a los ocho diputados y ocho senadores que integran la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo, competente para analizar el veto presidencial, en la que se les piden que «recomienden» a las Cámaras «la vigencia de la redacción original de la ley original de la ley 26.511».
«Consideramos que los argumentos empleados para fundamentar el veto no son satisfactorios», continúa el texto para considerar, por último, que «ante la situación crítica que vive el sector, no podemos más que insistir en la redacción original de la ley de emergencia agropecuaria».
En la reunión que se realizó en el segundo piso del edificio Anexo asistieron, además de los legisladores opositores, los intendentes de quince municipios bonaerenses que se beneficiarían con la emergencia agropecuaria y otros 10 mandaron sus adhesiones.
Entre los presentes se manifestaron contra el veto los intendentes de Necochea, Puán, Saavedra, Coronel Pringles y Tres Lomas, y acompañaron los de Coronel Dorrego, Saliqueló y Carlos Casares.
De la Mesa de Enlace asistieron a la audiencia Ulises Forte (FAA); Daniel Assef (Coninagro) y Alejandro Delfino (Sociedad Rural); de la Legislatura bonaerense estuvo Ramiro Tagliaferro y concurrió el diputado nacional electo Alfredo Atanasoff (peronista disidente).
De Narváez, a quien el Poder Ejecutivo y sus pares oficialistas cargaron la responsabilidad de la «mala fe» que suponen hubo de la oposición cuando se trató la ley vetada, consideró que la impugnación del PEN «es un grave error y se preocupó porque «no vaya a ser la forma que Néstor Kirchner crea que va a llevar adelante los destinos de la Nación después del 10 de diciembre».
La conjetura fue compartida por el jefe del bloque de la CC, Adrián Pérez, quien consideró el veto presidencial como «la antesala de lo que va a suceder después del 10 de diciembre», cuando el oficialismo quede en Diputados más lejos de poder reunir la mayoría de los votos para aprobar las leyes.
El diputado radical Pedro Morini se quejó por la «falta de sensibilidad» del gobierno ante las consecuencias de la sequía tiene en el campo, mientras que Patricia Bullrich insistió en que si hubo mala fe fue es del Gobierno «que quiere hacer pasar como chorizos los proyectos que no va a poder pasar después del 10 de diciembre», expresó.
Ulises Forte, de la Federación Agraria, no se quedó atrás y eligió criticar al bloque de diputados oficialistas el cual dijo que «demostró que tiene razón cuando dicen que no son la escribanía del gobierno, porque las escribanías leen» por lo que los calificó de «alcahuetes».
«Los vetos tienen que ser para defender los riesgos de la República y no para atentar contra ella», sostuvo el dirigente agrario y diputado nacional electo.
Por otra parte, Assef aclaró que los municipios que deberían tener los beneficios de la emergencia agropecuaria no cultivan soja sino trigo y explicó que «lo poco que pudieron cosechar no lo pudieron exportar porque siguen cerradas las exportaciones».
De la Sociedad Rural, Delfino pidió a los diputados que aprovechen la nueva oportunidad que les ofrece el veto presidencial para tratar de imponer en el Congreso el interés del campo.
Finalmente De Narváez propuso pedir una audiencia a Scioli para que interceda a favor de los municipios que reclaman ser beneficiados con la exención o rebaja de las retenciones.
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