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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

La bonanza económica iniciada en el año 2003 ha llegado a su fin. Un rasgo notable de este período de fuerte crecimiento económico es que no se logró reducir las profundas brechas sociales. Aunque son muchos los factores que conspiran contra la construcción de una sociedad integrada, uno de decisiva importancia es la orientación que se le dio al creciente gasto público. Mientras que la atención de la pobreza –especialmente entre niños y adolescentes– fue relegada, son masivos los fondos públicos que se destinan en beneficio de los sectores más acomodados.

La desarticulación del INDEC ha llegado a niveles extremos, sin antecedentes en otras partes del mundo. Esto dificulta y muchas veces imposibilita el análisis de la situación económica y social. Sin perjuicio de esto, existen indicios sólidos de que el ciclo de fuerte recuperación económica y generación de empleos ha concluido y que la bonanza no ha cambiando la tendencia estructural hacia una sociedad fragmentada sin canales de movilidad social. La manifestación más contundente de este proceso es la presencia masiva de una muy elevada proporción de hogares viviendo en condiciones de pobreza.

Además de la cantidad, es importante identificar las características de las personas afectadas por la marginalidad social. En este sentido, según los datos del INDEC referidos al segundo semestre del 2006 (últimos disponibles antes de las distorsiones de las estadísticas oficiales) la pobreza afectaba al 27% de la población urbana. Cuando se realiza una apertura por edades aparece el siguiente cuadro de situación:

• En la población hasta 18 años de edad la pobreza ascendía al 41%.
• En la población entre 19 y 60 años, la incidencia de la pobreza era del 22%.
• Entre los mayores de 60 años, la pobreza llegaba al 12%.

Los datos muestran claramente que las diferencias entre grupos etáreos son muy profundas, al punto tal que la incidencia de la pobreza entre los niños y adolescentes es más de tres veces superior a la incidencia de la pobreza entren las personas mayores de 60 años. Esto hace que prácticamente la mitad de los pobres sean niños o adolescentes. La concentración de la pobreza entre los menores tiene consecuencias muy graves porque el daño que la marginación provoca en el desarrollo físico, intelectual y social de una persona se potencia cuando actúa en los primeros años de la vida.

La niñez y la adolescencia son las etapas del ciclo de vida en que más intensamente actúan los estímulos para la formación. Enfrentarlas en condiciones de carencias y marginalidad produce retrasos en el desarrollo de aptitudes y actitudes para la vida social y desórdenes de conducta que luego son muy difíciles de revertir. Esto alerta sobre la importancia estratégica que tiene instrumentar intervenciones públicas que tomen como prioritario la atención de niños y adolescentes.

Sin embargo, el fuerte incremento del gasto público que fue financiado por la bonanza económica tuvo una orientación contraria. Por ejemplo, el principal componente de crecimiento en el gasto público social fueron las moratorias previsionales. Los datos del año 2006, cuando todavía no operaba este mecanismo, muestran que la incidencia de la pobreza en los mayores de 60 era de aproximadamente 12%. Se confirma que la gran mayoría de las personas beneficiadas con las moratorias no estaban en situación de pobreza. Esto implica que con la misma inversión pero con un diseño menos rudimentario se podría haber resuelto el problema de la pobreza entre los mayores de 60 años y simultáneamente destinar más recursos a atender la pobreza entre niños y adolescentes, que es donde se concentran las situaciones más masivas y críticas de marginalidad social.

Más claro es el impacto regresivo de otras fuentes de crecimiento del gasto público. Por ejemplo, el uso masivo de fondos fiscales para sostener las políticas de estatizaciones y de subsidios indiscriminados a empresas públicas y privadas. Que se destinen $1.400 millones por año para sostener la estatización de una compañía aérea (más de la mitad de los cuales son fondos para cubrir déficits operativos corrientes de la empresa) cuando el 40% de los niños y los adolescentes viven en condiciones de pobreza muestra hasta qué extremo llega la insensibilidad social en el uso de los recursos públicos.

Las condiciones de pobreza entre niños y adolescentes tienen asociadas flagelos como el trabajo infantil, la explotación de menores, la drogadicción, el narcotráfico y la delincuencia juvenil. La discusión en torno a “mano dura” o “garantismo” son completamente estériles. Con esta falsa antinomia se trata de disimular que la cuestión de fondo es si el Estado seguirá sirviendo a los sectores más acomodados actuando en función de las presiones corporativas o asume el compromiso de garantizar a todos los ciudadanos desde el momento de su concepción condiciones mínimas que garanticen su desarrollo personal.