Tras su elevación a juicio oral por el Juez Federal HUGO SASTRE, ingresaron a los Tribunales de Comodoro Rivadavia las actuaciones de la causa conocida como «La Masacre de Trelew», por la cual 16 militantes populares fueron asesinados en 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar. Los fusilamientos fueron justificados en aquel momento por el Ministro del Interior, el Radical ARTURO MOR ROIG, con una versión oficial de intento de fuga.
La causa está caratulada como «SOSA, LUIS EMILIO; BRAVO, ROBERTO GUILLERMO y otros de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado».
Las actuaciones están contenidas en 29 cuerpos de 200 fojas cada uno, embalados en 10 cajas con documental, fotos, prueba fílmica y libros donde se detalla cómo fueron acribillados a balazos 19 Militantes Políticos Populares el 22 de agosto de 1972, 16 de los cuales murieron en el acto y los restantes resultaron gravemente heridos, siendo luego asesinados por la Dictadura de Videla y Martinez de Hoz.
Según relata la elevación a juicio, la «Masacre de Trelew ocurrió en la madrugada del 22 de agosto de 1972, siendo aproximadamente entre las 2.30 y 3.30 cuando SOSA, en compañía del teniente BRAVO (hoy prófugo), del capitán Emilio DEL REAL y Del capitán HERRERA (fallecido) se presentaron en el lugar de detención de la Base Aeronaval Almirante Zar. Encontrándose como guardia el cabo MARANDINO, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo», describe. Las víctimas «estaban orientadas hacia el ingreso del mismo algunos y otros hacia las celdas de enfrente y disponiendo que miraran hacia el suelo tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos», indica el texto que Sastre dirigió a la cámara al cual tuvo acceso Télam.
Como consecuencia de los disparos fallecieron RUBÉN PEDRO BONET, JORGE ALEJANDRO ULLA, HUMBERTO SEGUNDO SUÁREZ, JOSÉ RICARDO MENA, HUMBERTO ADRIÁN TOSCHI, MIGUEL ANGEL POLTO, MARIO EMILIO DELFINO, ALBERTO CARLOS DEL REY, EDUARDO CAMPELLO, CLARISA ROSA LEA PLACE, ANA MARÍA VILLARREAL de SANTUCHO, CARLOS HERIBERTO ASTUDILLO, ALFREDO ELÍAS KOHON, MARÍA ANGÉLICA SABELLI, MARIANO PUJADAS y SUSANA LESGART. La nota aclara que en los casos ANTONIO BERGER, ALBERTO MIGUEL CAMPS y RICARDO RENÉ HAIDAR no murieron, ya que «fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado».
La elevación dice además que «Este cuadro fáctico ha sido calificado jurídicamente como Homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de 2 o mas personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa (3 hechos) todos en concurso real».
En el lugar del fusilamiento, la instrucción determinó la participación de 6 cuadros de la Armada: LUIS EMILIO SOSA, teniente ROBERTO BRAVO, Capitán EMILIO DEL REAL, Capitán HERRERA (fallecido), CARLOS AMADEO MARANDINO y el cabo MARCHAND (fallecido). De los mencionados solo cumple prisión efectiva en la Alcaidía Policial de Trelew el ex cabo Marandino, el único de los que participó en el fusilamiento que reconoció haber estado presente, dando detalles sobre lo ocurrido en la sangrienta madrugada.
Los restantes se aferraron a la versión oficial de un «intento de fuga» y tras permanecer unos días detenidos 1º en comisarías y luego en la prisión de Marcos Paz, lograron el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y padecer problemas de salud. «Marandino dice haber estado en el lugar pero asegura que no disparó, aunque en la instrucción queda claro que el estuvo y también fue parte del procedimiento, incluso dice haber estado detrás de un biombo a donde supuestamente lo mandaron para que no vea y ese biombo no existió», explicó a Télam el Secretario Penal Gustavo Lleral.
Con la elevación a los Tribunales Federales de Comodoro Rivadavia, el Juez Sastre desestima un «pedido de sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal por amnistía» planteado por la defensora oficial Mirta Seniow de Gando. Además de los mencionados se acusa a RUBÉN NORBERTO PACCAGNINI (Jefe de la Base), HORACIO ALBERTO MAYORGE y JORGE ENRIQUE BAUTISTA, este último por el delito de encubrimiento. Los 2 1º mencionados en el párrafo anterior no aparecen «disparando» en la escena del crimen sino como parte de una cadena de mandos que «Habría ejecutado órdenes emanadas del entonces Presidente de Facto Alejandro Agustín Lanusse, de ultimar a los 19 detenidos en la base».
