La semana pasada los líderes de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, pidieron públicamente la sanción de una nueva norma que reemplace la actual, que data de 1996. Sin embargo aún no habría consenso entre las partes (el Estado, los sindicatos y las empresas) para acordar respecto de tres puntos: el mantenimiento de la doble vía, la cobertura del accidente «in itinere» y la posibilidad de ampliar el listado de enfermedades laborales.
La modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) no parece tener lugar a corto plazo. Aunque este fin de semana el presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Jorge Aimaretti se sumó a los pedidos de los líderes de la CGT, Hugo Moyano y la CTA, Hugo Yasky, las reuniones previstas para llegar a acuerdos aún no tendrían fecha cierta.
Tres serían las cuestiones que alejarían posiciones entre las partes: El mantenimiento de la doble vía, la cobertura del accidente «in itinere» y la posibilidad de ampliar el listado de enfermedades laborales. Sobre este último, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires declaró, en diciembre pasado, la inconstitucionalidad del artículo de la LRT que limita las enfermedades ocasionadas en el trabajo y que deben ser abonadas por la ART
Respecto de las postergadas reuniones, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) señalaron que apenas hubo «contactos informales» con el Ministerio de Trabajo.
En declaraciones a medios periodísticos, Aimaretti, recalcó que de no haber modificaciones al actual sistema, para este año la entidad que preside proyecta la interposición de 40.000 juicios lo que implicaría un salto cuantitativo importante en relación a las 27.170 demandas iniciadas en 2008.
Uno de los puntos más conflictivos es cómo resolver el sentido de inconstitucionalidad que tiene el artículo 39 de la ley, que anula la posibilidad de hacer un juicio contra la empresa empleadora cuando el trabajador esté cubierto por el seguro.
El debate es entre dos figuras opuestas: el cúmulo (promovido por los sindicalistas), que permitiría cobrar lo previsto por la ley de la ART y además presentar una demanda en la Justicia; o la opción (pretendida por los empresarios), que le exigiría al trabajador elegir un camino o el otro.
En este sentido, en junio de 2007, la Corte -evocando el fallo «Aquino»- revocó una sentencia del Superior Tribunal de Jujuy que había desestimado una demanda por la reparación civil de un infortunio laboral. Para los ministros, el aceptar la indemnización de la aseguradora no implicaba renunciar al resarcimiento civil.
La semana pasada, en el marco de la Sexta Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, Moyano pidió una nueva Ley de Accidentes de Trabajo y Yasky consideró «urgente» una modificación en la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo.
«Es necesario lo más rápido posible producir una ley que proteja a los trabajadores» y que ponga el acento «en la prevención de accidentes y muertes», agregó el dirigente que subrayó que los distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia «muestran la perversión» de la ley 24.557, vigente desde mediados de 1996.
«Hay que tratar de tener una ley que proteja a los trabajadores y contemple las situaciones de las Pymes», exigió Moyano y enfatizó que las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) dejan «en un estado de desprotección total a los trabajadores», por lo cual habitualmente «tienen que recurrir a la Justicia» para hacer valer sus derechos.
Por su parte, Yasky sostuvo que el Estado «debe recuperar a pleno su capacidad de fiscalización y tutela» y subrayó la importancia de que, en una época de crisis como la actual, se generen los mecanismos que garanticen la búsqueda de rentabilidad no implique retroceder en los avances logrados en materia laboral.
Para Yasky se atraviesa «una nueva etapa política en la que más allá de los vaivenes, hay un proceso de desarrollo que se fue cimentando en las luchas populares» y que «reivindica el tripartismo», en referencia a la participación de trabajadores, empresarios y Estado en las definiciones laborales.
El mes pasado, la Cámara Laboral condenó a una empresa a indemnizar civilmente a los padres de un trabajador que murió a causa de un incendio desatado en el establecimiento donde desempeñaba sus funciones. En la causa «Torrillo c/Gulf Oil Argentina» aunque se probó que el siniestro fue provocado por terceros desconocidos, los jueces aplicaron el artículo 1113 del Código Civil por considerar que el lugar no contaba con las condiciones de seguridad necesarias para prevenir un hecho como el ocurrido. (Dju)
