Con la Resolución 275, el Comfer permitió después de nueve años «el acceso a las licencias y prestación de servicios de radiodifusión» a las PYMES. Para el oficialismo impulsa la desregulación del mercado monopólico del cable.
El Gobierno abrió el negocio de la televisión por cable en el país. Con una resolución del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) se aprobó el reglamento para acceso a licencias, una definición que ya tenía nueve años de demora.
Según establece la Resolución 275 publicada este lunes en el Boletín Oficial, se abre el «reglamento para el acceso a las licencias y prestación de los servicios complementarios de radiodifusión por vínculo físico», que figura como anexo de la norma.
A partir de este nuevo texto firmado por el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, la Dirección General de Administración, Finanzas y Recursos Humanos puede proceder a la venta de pliegos, aunque en los considerandos se deja en claro la necesidad de reservar bandas del espectro radioeléctrico atento a la definición de la norma de televisión digital.
«Por ello y en atención a no impedir el pleno aprovechamiento de las nuevas tecnologías que se incorporen al país, se considera oportuno y conveniente no iniciar nuevos trámites de adjudicación de licencias de servicios complementarios que impliquen la asignación de frecuencias radioeléctricos, tales como las frecuencias UHF, MMDS y servicios satelitales», agregó.
El texto, cuya redacción tuvo en cuenta los aportes realizados por los actores del sector, genera polémica. Desde la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) manifestaron su rechazo: en diálogo con Críticadigital, el presidente de la ATVC, Walter Burzaco, consideró que «la decisión afecta negativamente a las pymes del interior porque se ha demostrado históricamente que dos competidores no tienen suficiente espacio cuando el mercado chico; uno siempre termina por fundirse». Sin embargo, para la diputada por el Frente Para la Victoria (FPV), Diana Conti, «la venta de pliegos impulsa la desregulación del mercado monopólico del cable».
«Me parece favorable aumentar la competencia porque hace al crecimiento de cualquier industria y actividad y el cable no tienen que estar excluido», explicó la legisladora, integrante de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
A pesar de que la Casa Rosada insiste en desplegar políticas para desregular la concentración en el mercado de la televisión por cable, Burzaco aseguró que «no hay monopolios porque en las principales ciudades del país hay dos o tres operadores».
En tanto, para Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista especialista en derecho a la información, es positiva la medida, pero «mientras no se cambie el artículo 45 de la Ley 26.053 (que modifica la norma de Radiodifusión), las cooperativas seguirán siendo las más perjudicadas».
Según Rodríguez Villafañe, el problema no son las pymes, que ahora tendrían la posibilidad de entrar de lleno en el mercado del cable gracias a la apertura de los pliegos. «Se excluye a las organizaciones sin fines de lucro de la posibilidad de acceder a licencias de radiodifusión en lugares en donde hay otro prestador con licencia», explicó a este medio desde la ciudad de Córdoba.
En cambio, al revés, «en el caso de que una organización sin fines de lucro brindara los servicios y llegase una empresa privada, está obligada a colaborar con su estructura». De esta manera, para el experto «la economía solidaria está al servicio de la economía de lucro».
El anteproyecto.
El anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que recorre el país para ser debatido propone considerar a la televisión por cable un servicio público y no un servicio complementario, como dice la ley vigente de la dictadura, lo que habilita al Estado a supervisar las tarifas.
En enero pasado, la ATVC anunció una suba del 10,2% en el abono de cable, que en su momento fue comunicada a sus usuarios por los líderes del mercado, Multicanal y Cablevisión, ambas empresas controladas por el Grupo Clarín. Ese aumento fue una decisión tomada también para el resto de las empresas del interior. «Las empresas de la televisión por cable van a corregir el valor de sus abonos durante el primer trimestre de 2009. Será decisión de cada una de las empresas el momento y el porcentaje en razón de cómo afectan sus costos los distintos factores que los componen», se limitó a decir la ATVC.
La cláusula más polémica y que puede a revivir la pelea entre el Gobierno y Clarín es la que «permite la utilización de postes, columnas, ductos, redes e infraestructura ya existente para la prestación del servicio y se prohíben cláusulas de exclusividad en relación a la utilización infraestructura de terceros». O sea, que el Grupo que conduce Héctor Magnetto debe ceder su logística para que el cable llegue a todos las casas del país.
