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Material enviado por el Lic .Jorge Mancuso

Aunque aparenta ser un alivio, la distribución a las provincias y municipios de parte de las retenciones a las exportaciones de soja constituye un nuevo avance hacia una conformación amorfa del sector público. El nuevo esquema apenas atenúa la concentración extrema de recursos a favor de la Nación. Más importante aún es que implica seguir postergando un replanteo de fondo en la distribución de funciones y recursos entre el gobierno nacional y las provincias. Por eso, mientras en las sociedades bien organizadas el Estado juega un rol clave en la estrategia de desarrollo, en la Argentina sigue operando como un lastre.

La presión impositiva alcanzó un récord histórico en el 2008. Sumando la recaudación de la Nación y de las provincias se llega al 31% del PBI. Esto significa que por cada 3 pesos que produce la economía, el sector público se apodera de 1 pesos. Comparado con el promedio observado entre 1993 y 2000, la presión tributaria se incrementó en 10 puntos del PBI. El rasgo más notable de este proceso es que la mayor parte de los recursos adicionales fueron apropiados por el gobierno nacional. De los 10 puntos de incremento en la presión fiscal, 8 puntos fueron hacia el gobierno nacional y apenas 2 puntos a las provincias.

En este contexto, el reciente anuncio de que parte de las retenciones serán compartidas con las provincias aparenta ser una buena noticia. Sin embargo, para llegar a conclusiones objetivas es necesario evaluar si la distribución del 30% de las retenciones a las exportaciones del complejo sojero constituye efectivamente un cambio de tendencia. En base a información oficial sobre la recaudación consolidada de la Nación más las provincias es factible trazar el siguiente panorama:

• Entre 1993 – 2000, la presión impositiva total fue de 20,9 puntos del PBI apropiada en un 56% por la Nación y el 44% por las provincias (26% por distribución automática más el 18% restante por impuestos provinciales).
• En el 2008, la presión impositiva subió a 30,8 puntos del PBI, distribuida en un 64% para la Nación y 36% para las provincias (22% distribución automática y el 14% por impuestos provinciales).
• Con la reciente propuesta del gobierno, la presión impositiva se mantendría en 30,8 puntos del PBI y la composición pasaría a ser 62% para la Nación y 38% para las provincias (24% por distribución automática y 14% por impuestos provinciales).

Los datos muestran que hasta el 2000 la presión impositiva total se repartía prácticamente en partes iguales entre la Nación y las provincias. Pero a partir del 2002 se produce una fuerte tendencia a la concentración a favor de la Nación que arroja como resultado que en el 2008 2 de cada 3 pesos de presión fiscal sean apropiados por la Nación. Con el nuevo mecanismo se afecta muy marginalmente esta distribución, por lo tanto, se mantiene intacta la concentración extrema producida en los últimos años.

En un mirada de muy corto plazo, para quienes están al borde de la emisión de cuasi monedas para poder seguir pagando los sueldos de los empleados públicos, cualquier incremento de ingresos es buena noticia. Pero desde el punto de vista de la estructura de distribución entre jurisdicciones, no hay que esperar cambios importantes ya que se mantiene un nivel de concentración muy superior al que existía antes de la crisis del 2002 y claramente inconsistente con una organización federal.

Por eso, en una mirada de mediano plazo el decreto es una mala noticia. El mandato constitucional de revisar la distribución de recursos fiscales en función de una asignación descentralizada de funciones y responsabilidades se vuelve a postergar. Perpetuar la concentración de recursos fiscales en la nación es perpetuar una conformación amorfa del sector público. Las jurisdicciones responsables de brindar servicios fundamentales para el desarrollo (educación, salud, justicia y seguridad) no se hacen cargo de los mediocres resultados con el argumento de que no tienen recursos suficientes. Simultáneamente, la abundancia relativa a favor del nivel nacional induce a la dilapidación.

Se estima que a través del flamante nuevo esquema de coparticipación de retenciones la Provincia de Córdoba va a recibir algo menos de $600 millones, una fracción que representa menos del 15% de lo que aportan los productores de la Provincia a esa recaudación. ¿Qué financia la nación con la apropiación del resto de los recursos? Para dar una idea del deterioro profundo que produce la conformación amorfa del sector público en la calidad de la gestión pública alcanza con considerar que, según la ejecución presupuestaria del año 2008, se gastaron $955 millones en el servicio estatizado de aguas en Buenos Aires y $1.060 millones para mantener operativa a Aerolíneas Argentinas.