Por Oscar Gollnitz
Mucho se habla en las últimas horas respecto de la intención del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de llevar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores que cometan ilícitos. Asesorado vaya a saber porque mente iluminada, el mandatario provincial provocó la reacción de hasta la propia presidente de los Argentinos, Cristina Fernández, dejando en evidencia el contradictorio pensamiento entre ambos.
La falta de seguridad que día a día gana terreno mediático no pasa por hacer más cárceles para niños, sino por rescatar a los que desde la crisis de 2001 en adelante pululan por la calle como si fuera en una selva. La política del «sálvese quién pueda» convirtió en víctimas a estos niños, hoy los adolescentes que se pretenden encarcelar. Esta situación es la real, la que hay que revertir, y no se logrará aislándolos tras los muros.
Hace aproximadamente dos años se llevó a cabo un cambio de legislación aboliendo la Ley de Patronatos (de la dictadura militar) para dar lugar a la protección del Estado respecto a los niños judicializados. En julio pasado se implementó y entonces los chicos de 16 años pueden afrontar juicios penales, igual que los adultos. Mientras tanto, los más chiquitos hasta entonces con la tutela del Juzgado de Menores, pasaron a manos del Estado provincial que debe hacerse cargo de vestimenta, alimentación, educación, recreación, salud, etc. Este rol lejos está de cumplirse, a tal punto que desde la misma Provincia procuran alentar la proliferación de organizaciones no gubernamentales para suplir las falencias que se están cometiendo desde el propio gobierno.
En reuniones que se llevaron a cabo hace pocos días en el Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense, varios funcionarios admitieron el «error de cálculo» en materia de dinero respecto a la implementación de la nueva ley. Lamentablemente sólo se discutió si desde la Provincia se debía pagar un peso más o un peso menos respecto a las becas que otorgan por niño que concurren a centros de día u hogares de tránsito.
Estas convocatorias dejan al descubierto los paliativos que pretenden encontrar ante la verdadera falta de políticas serias, en este caso, referente a la niñez. La sensación que queda al salir del ministerio es que la preocupación de los funcionarios pasa por los 14.000 mil chicos que tienen asistencia (el 95 por ciento a cargo de organizaciones sociales no gubernamentales).Estos pibes son, si se quiere, los que de alguna manera reciben una caricia de las ONG, pero cabe preguntarse: ¿qué sucede con el resto, totalmente excluidos de manera tal que ni siquiera fueron detectados por el Estado?
Sin dudas no existe una política seria en este sentido. ¿Nadie piensa en aquellos que reciben el mínimo de atención? ¡No comen! Que es lo básico para su presente y ¿futuro? Esos pibes son la generación que viene. Sin embargo no cuentan con comida, asistencia, educación, y de la salud, ni hablar.
Al igual que otros temas de Estado, cuando nuestros funcionarios hablan de niñez deberían abandonar por algunas horas sus despachos y recorrer las calles de cualquier ciudad bonaerense para darse cuenta cuán lejos del verdadero contexto están. Tal vez entonces adviertan que no es almacenando niños en las cárceles como se solucionan los problemas de seguridad, sino dándoles la oportunidad que no han tenido de conocer otra realidad que la de sobrevivir
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