Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, se calificó de “injusta e inaceptable” la Resolución 2371 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que obliga a los profesionales a obtener el “Código de oferta de transferencia de inmuebles” (COTI), y expresaron su rechazo a la imposición de “una obligación, sin consensuar, arbitraria e inconsulta, propia de un país unitario y no federal como el nuestro”.
La Resolución exige entre otras cosas el informe, no sólo de las operaciones concretadas, sino que también de los inmuebles tomados para la venta.
Al respecto, el presidente del Colegio, Oscar Iglesias, dijo que la medida se torna “absolutamente injusta, porque nos obliga a dar información de terceros, cuando en realidad ellos deben suministrarla, imponiéndonos a hacer algo que no nos corresponde, e inaceptable, porque pretenden que informemos sobre transacciones que aún no hemos realizado profesionalmente”.
Iglesias firmó que los martilleros de la provincia “quedamos en estado de alerta, ya que esta innecesaria exigencia resiente el diálogo positivo que nos permitió durante casi un año, en unidad, consensuar con la AFIP desde un respetuoso disenso, un régimen con el objetivo común e indiscutible: la de dar una mayor transparencia operativa a un mercado de la enorme importancia socio económico como lo es el inmobiliario”.
Y agregó: “De considerar esta imposición de la AFIP inconstitucional, recurriremos a la Justicia”.
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