Por Jaime Rosemberg
Luego de casi dos períodos legislativos de demora, oposición y posteriores retoques finales, la Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el proyecto de presupuestos mínimos ambientales para la protección de los bosques nativos. La iniciativa, que había sido aprobada con modificaciones la semana última por el Senado, establece la suspensión por un año de la tala indiscriminada de bosques en todo el país.
Sobre el cierre de esta edición, y luego de deliberaciones que se extendieron hasta bien entrada la noche, el oficialismo en la Cámara baja decidió aprobar la norma sin tocar ni una coma de las modificaciones introducidas al proyecto en el Senado, donde se había registrado la mayor oposición a la norma por parte de las provincias productoras de madera.
El proyecto fue sancionado por 134 votos a favor y ninguno en contra y contó con la aprobación de diputados kirchneristas, de ARI y de bloques de centroizquierda.
Idea original
El proyecto original, presentado en mayo del año último por el diputado Miguel Bonasso (FV-Buenos Aires) y apoyado por la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, fija obligaciones elementales para los estados provinciales en lo que hace a la defensa de los bosques nativos en cada territorio provincial.
«En los últimos setenta años perdimos el 70 por ciento de nuestros bosques nativos. Paremos un ecocidio», fue la consigna repetida por Bonasso y las organizaciones de defensa del medio ambiente que respaldaron su iniciativa.
En diálogo con LA NACION, Bonasso dijo: «Estamos introduciendo una regulación donde la única racionalidad que imperaba era la de lucro y las complicidades de algunos gobiernos provinciales». Bonasso expresó su preocupación por la desaparición de unas 300.000 hectáreas por año y denunció que se tala «15 veces la superficie de toda la Capital».
Cuestionamientos
Como contrapartida, el proyecto fue cuestionado por miembros del propio bloque oficialista que representan a provincias como Jujuy, Salta y Santiago del Estero, cuyas economías dependen en buena medida de la explotación maderera y del uso de tierras que quedan libres de vegetación para el desarrollo de plantaciones redituables, como la soja.
El proyecto aprobado anoche establece la suspensión inmediata de la tala indiscriminada de bosques por un plazo máximo de un año en todo el país. Durante ese lapso, cada tala deberá ser autorizada por la autoridad competente, previo estudio de impacto ambiental.
Los estados provinciales, que cobran mayor protagonismo con la nueva redacción, deberán llevar a cabo durante ese lapso un reordenamiento territorial interno que limite las áreas de bosques nativos de su territorio para su protección. El reordenamiento deberá ser aprobado por cada Legislatura provincial.
En cuanto a la defensa de lo ya existente, se crea un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los bosques nativos, con recursos del presupuesto nacional en una proporción no inferior al 0,3%, más lo obtenido mediante la recaudación del 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas y ganaderas.
Luego de los cambios introducidos por el Senado y de la cerrada oposición de senadores de Salta, los estados provinciales del norte del país que se oponían a la ley obtendrán beneficios y compensaciones por más de 900 millones de pesos.
Quedarán exceptuadas de la prohibición de talar árboles aquellas propiedades de hasta 10 hectáreas en manos de pequeños productores y comunidades aborígenes.
El proyecto establece tres categorías de bosques nativos diferenciadas por colores en el mapa. La franja roja comprende los de muy alto valor de conservación, que no podrán ser talados. En el sector amarillo están los de mediano valor de conservación, pero que tampoco podrán ser sometidos a tala. En el sector verde se ubican los bosques que admiten transformación parcial o total, aunque dentro de los criterios que establece la norma.
El proyecto recorrió un largo camino parlamentario. Bonasso lo presentó el 30 de mayo de 2006 y sólo pudo tratarse el 29 de noviembre, aunque se aprobó sólo en general. El 14 de marzo de este año los diputados lograron aprobar la norma y girarla al Senado, y fue allí donde pareció que su destino era dormir para siempre en un cajón del Senado.
Inesperadamente el proyecto se reflotó gracias a las compensaciones ofrecidas a los legisladores de las provincias que resistían la norma. Esto permitió, a última hora de anoche, que el proyecto se convirtiera en ley.
