El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia expresó su respaldo a la decisión oficial de suspender la puesta en vigencia de la nueva ley de Minoridad que debía comenzar a regir el 1° de diciembre próximo, a raíz de que consideró que «se deben arbitrar las medidas para su adecuado funcionamiento».
«Un trabajo de relevamiento, realizado por este Colegio en los dieciocho Departamentos Judiciales, demuestra con claridad que, a la fecha, no se han realizado casi ninguna de las medidas previstas para poner en marcha las reformas», indicó la entidad.
Los magistrados cuestionaron algunas decisiones oficiales en este tema al señalar que «una vez más, quienes desde el Poder Judicial trabajamos todos los días con los problemas concretos de nuestros conciudadanos, nos encontramos con que las buenas ideas para mejorar el desempeño de la Justicia y la protección de los derechos tutelados por la Constitución, se agotan en el voluntarismo de algunas autoridades, quienes pretenden reemplazar con declaraciones grandilocuentes el trabajo concreto en materia de infraestructura, capacitación y recursos humanos que requiere cualquier política pública que no sea una mera declaración oportunista».
Finalmente, y en obvia alusión a las futuras autoridades bonaerenses, el Colegio de Magistrados confió en que «se aprenda de los errores pretéritos y que, en esta nueva etapa, el diálogo de los magistrados con las autoridades de los otros dos poderes y con la Suprema Corte provincial redunde en una mejor calidad y accesibilidad de la Justicia de nuestra Provincia».
Como informara este diario, la creación de los órganos judiciales necesarios para la puesta en marcha del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia, será suspendida por 180 días.
La medida ya fue aprobada por el Senado bonaerense y será adoptada ante la imposibilidad de designar a tiempo a los funcionarios que deberían ocupar los nuevos cargos y por no contar con la infraestructura que requiere el sistema que reemplazará a la ley de Minoridad que rige desde los años de la dictadura.
La prórroga -que la próxima semana sería convertida en ley por la Cámara de Diputados- fue pedida por el gobernador electo Daniel Scioli, quien visitó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y luego envió a algunos de sus futuros funcionarios a la Legislatura para que explicaran el alcance de la suspensión.
El futuro ministro de Justicia, Ricardo Casal, remarcó que «hemos acordado tratar el tema específico del Fuero Penal Juvenil y, de acuerdo al informe que tiene la Corte, en cuanto a infraestructura y designaciones, nuestro programa de trabajo va a ser de una implementación gradual en los departamentos judiciales que más necesidades tengan hasta completar durante el año todo la implementación». (EL DÍA)
