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La distracción preelectoral que parecería paralizar las agendas de todos los políticos, sean éstos legisladores en funciones o miembros del Poder Ejecutivo de nuestro país, parece hacerles perder de vista ciertas cuestiones que son impostergables, como el tratamiento del proyecto de ley de bosques nativos. 

El sábado 27 próximo será celebrado el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, destinado a mantener vivo el recuerdo de las siete víctimas mortales de un escape de gas tóxico, hecho ocurrido hace catorce años en Avellaneda, y esa fecha, propicia para exaltar nuestra relación con el medio ambiente, también será útil para promover la defensa de esos bosques, hoy en día amenazados por la tala indiscriminada.

Aquella norma, todavía con apenas media sanción, fue aprobada por la Cámara de Diputados por abrumadora mayoría, aunque con algunos pocos votos en contra de diputados de Salta, la provincia donde ocurren los peores desmontes.

Ahora, 1.200.000 argentinos suscribieron un petitorio para presionar a los senadores para que le den su aprobación definitiva a ese proyecto, indispensable para preservar la integridad de nuestros bosques nativos. «En los 80 minutos que dura un partido de los Pumas -revelan los ecologistas-, 40 hectáreas del hábitat donde viven los verdaderos pumas desaparecen bajo las topadoras.»

Auténtica muestra de la insensatez de la cual hacen gala quienes toman en exclusiva cuenta las finalidades lucrativas y no se dan por enterados de que están destruyendo elementos vitales para la continuidad de la vida sobre nuestro planeta.

Peor que eso, cuando el bosque desaparece, muchas familias de argentinos son desalojadas, indemnizadas miserablemente y relocalizadas en cinturones urbanos de pobreza. Se los condena, o poco menos, a engrosar las filas del piqueterismo reclutado a fuerza de la dádiva de los planes sociales y del clientelismo político que se mofa de la dignidad del ser humano.

Con el millón largo de firmas ingresado en un disco de computadora, tres dirigentes de las principales organizaciones ambientalistas de la Argentina ingresaron durante la semana última en el despacho donde se suponía que el presidente del Senado y vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, debía recibirlos.

Se encontraron, en su reemplazo, con una asesora de su campaña por la gobernación de Buenos Aires, a quien le entregaron las firmas y un pedido concreto: que el gobierno nacional se comprometa públicamente a dar tratamiento en el Senado a esta ley apenas finalizada las elecciones, en la primera semana del mes próximo.

El presidente del Senado tiene hoy, pues, la oportunidad de impulsar la sanción de esta norma imprescindible, que prevé congelar mediante una «moratoria forestal» el arrasamiento de los bosques hasta que cada provincia elabore sus planes de ordenamiento territorial y, por ende, pueda ser establecido dónde y cuándo la agricultura podría darse el lujo de avanzar sobre los bosques nativos, acerca de los cuales debemos recordar que la Argentina sólo mantiene en pie un tercio de su superficie original.

No todo es gris en el verde. Actitudes como las de Alto Paraná SA deben ser reconocidas. La compañía forestal de capitales chilenos, que posee en la provincia de Misiones 220.000 hectáreas (la mitad de ellas forestadas artificialmente y el resto de bosque nativo del tipo selva paranaense), decidió, en 2001, que no desmontará ni siquiera una hectárea más. Aplicó su propia «ley de bosques», demostrando que se puede producir y, al mismo tiempo, preservar el medio ambiente, lo cual pone aún más en relieve el altísimo costo de la demora provocada por la desidia de nuestros senadores nacionales. (PROYECTO GEO)