Los organismos de derechos humanos y gremiales coincidieron en reclamar que un equipo independiente y sin conexión con las fuerzas de seguridad sea designado a las órdenes del juez de la causa, Arnaldo Corazza, para investigar la desaparición aún impune de Jorge Julio López y el fin de las prisiones domiciliarias para genocidas.
Tras cumplirse un año de la desaparición de Jorge Julio López, la Central de los Trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires (CTA) y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Plata (APDH), entre otras organizaciones, acordaron fortalecer la unidad contra la impunidad.
En ese contexto, los organismos de derechos humanos y gremiales señalaron que la lucha contra la impunidad que venimos sosteniendo en forma incansable desde hace más de treinta años sufrió un gravísimo golpe a partir de la desaparición de López”.
Este grave crimen ha sido cometido por sectores vinculados a los genocidas de la última dictadura, a las fuerzas armadas y de seguridad y a los servicios de inteligencia. “No es posible hacer desaparecer impunemente a una persona sin la colaboración de sectores enquistados en el propio Estado” manifiestan.
El propósito de la desaparición del compañero ha sido detener el proceso de Verdad y Justicia que estamos transitando gracias a la lucha del pueblo. Que en ese mismo objetivo se encuadra la multiplicidad de amenazas, intimidaciones y agresiones producidas desde hace un año hacia los más diversos ámbitos de la militancia y personas con actuación en los juicios.
La decisión política de redoblar esfuerzos y no dejarnos intimidar ha sido la causa de que hoy estemos a las puertas de una nueva sentencia contra el cura represor Christian Von Wernich.
Además, afirma el documento que “los poderes del Estado Nacional y Provincial están lejos de dar una respuesta adecuada a esta crítica situación, habiendo resignado la iniciativa en orden a descubrir qué pasó con Julio.
El juzgado que investiga su desaparición no dispone de un equipo especial confiable y específicamente destinado a ese fin. Y que el grave cambio de situación originado por la desaparición de López no ha sido registrado por la mayoría de los jueces federales, que siguen otorgando prisiones domiciliarias automáticas para que los genocidas continúen conspirando contra el pueblo.
Por el contrario, es destacable el criterio sustentado por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata y el reciente cambio de criterio de la Sala III, así como la firme decisión del Tribunal Oral Nº 1 de esta ciudad con respecto al caso Etchecolatz.
Por último, los organismos de derechos humanos y la CTA denunciaron que “los que están presos disponen de ámbito y comodidades en la cárcel de Marcos Paz para la celebración de sus conciliábulos”.
A diferencias que “las causas en que lenta y trabajosamente se los procesa avanzan por el esfuerzo de organismos de derechos humanos y un puñado de funcionarios, magistrados y trabajadores judiciales de buena voluntad.
Por tal motivo convocan a movilizar y a participar de todas las actividades organizadas para recordar y reclamar la aparición con vida de Jorge López, con la amplitud que esta causa requiere.
El documento fue aprobado por Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, APDH-La Plata, CTA-Provincia de Buenos Aires, Madres de Plaza de Mayo-La Plata, entre otras organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales.
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