La Suprema Corte y la Procuración General de la Provincia dispusieron que los jueces y fiscales crucen información para determinar las armas y municiones secuestradas en causas judiciales que pueden ser destruidas. Así darán aviso al RENAR a través del Ministerio de Justicia.
Los juzgados y tribunales penales de la provincia de Buenos Aires cruzarán información con las fiscalías para determinar sobre el decomiso de armas y municiones en las causas judiciales. El objetivo es intensificar la colaboración con el Ministerio de Justicia para la destrucción de armas.
La Suprema Corte de Justicia y la Procuración General bonaerense dispusieron que los jueces de los fueros penales y de responsabilidad penal juvenil le remitan en 20 días a las fiscalías generales “copia certificada de las sentencias o resoluciones firmes que ordenaren el decomiso de armas y/o efectos, a fin de vincular la información con la obrante en el área de efectos del Ministerio Público, siempre que los mismos ya no hayan sido decomisados”.
Los órganos judiciales firmaron convenios con el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados Secuestrados e Incautados (RENAR) en el marco de la ley 25.938. La norma obliga a asentar los datos de las armas y municiones para su identificación.
El Máximo Tribunal y la Procuración dispusieron en la resolución 3494/09 “adoptar los recaudos que proporcionen –en una primera instancia de aplicación- los datos de aquellos efectos incluidos en la reglamentación nacional, en condiciones de ser retirados por el Ministerio de Justicia para su destrucción en el RENAR”.
“Que para su cumplimiento se requiere la actividad coordinada de los órganos jurisdiccionales de la Administración de Justicia que generan la información y las Fiscalías Generales del Ministerio Público, encargadas de recepcionarla y procesarla, a fin de vincular la sentencia o resolución informada con las armas y efectos decomisados, para su posterior remisión al RENAR”, resolvió.
Así, las fiscalías generales analizarán la información y realizarán un inventario de las armas que se dispuso decomisar. Por su parte, las Cámaras de Apelaciones y Garantías en lo Penal controlarán que se cumpla el plazo de 20 días para dar información y darán apoyo para brindar los datos de las causas.
Por último, las fiscalías coordinarán con el Ministerio de Justicia el retiro de las armas, mientras que los juzgados y tribunales con armas en condiciones de ser destruidas en causas de transición deberán poner en conocimiento de la situación a las Cámaras de Apelaciones.
La resolución fue firmada por los jueces de la Suprema Corte Luis Genoud, Hilda Kogan, Hector Negri, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lazzari, Daniel Soria y Juan Carlos Hitters y la procuradora general, María del Carmen Falbo. (Dju)
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