Lo dijo a Infojus Noticias María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de Justicia Legítima y titular de la Cámara de Casación Penal. La jueza también destacó la trasparencia del proceso: dijo que “los jurados y los acusadores fueron elegidos por sorteo».

La Corte bonaerense rechazó la impugnación de paternidad promovida por el padre biológico de una joven, fruto de una relación extramatrimonial. “Padre no es el progenitor biológico, sino aquél que cumple una función como representante de una ley ordenadora de las relaciones familiares”, opinó el Máximo Tribunal bonaerense.

La suspensión se debió a la prolongación de la licencia médica de uno de los integrantes del tribunal y el juicio podría caerse si no reanuda sus sesiones antes del lunes próximo incorporando a un suplente.

El juicio político contra el suspendido fiscal José María Campagnoli, por supuesto mal desempeño en sus funciones, continuará mañana en medio de denuncias de presiones y amenazas, tras el frustrado inicio de los alegatos hace una semana.

El juez federal Ariel Lijo procesó al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y a otros cinco imputados en el marco de la causa que investiga la venta de la imprenta Ciccone, según informó el Centro de Información Judicial.

La Sala B de la Cámara Civil hizo lugar al reclamo de una madre en torno a la cuota alimentaria de su hija, asignándole un valor de $15.000 por los bienes en propiedad del ex esposo: autos, inmuebles, y la realización de “numerosos” viajes.

La llamada intimidatoria se produjo el martes y la atendió la esposa de Adolfo Villate, en la casa que comparten en Santa Fe. “¿En dónde está ese hijo de puta que quiere juzgar a un juez (sic) como Campagnoli?”, le dijeron. La Justicia abrió una investigación.

La Corte Suprema ratificó la potestad de las asociaciones de consumidores para iniciar acciones colectivas en defensa de los mismos . El Tribunal valoró que las acciones individuales eran inviables ya que sus costos “resultarían muy superiores a los beneficios que produciría un eventual pronunciamiento favorable”.

La Procelac acusó a un grupo de empresas ligadas a la explotación agraria y a directivos e integrantes de las firmas tras analizar los reportes de operaciones sospechosas remitidas a la UIF por cinco bancos y la AFIP. En dos años, operaron por más de 1300 millones de pesos.