Los jefes de todos los fiscales provinciales del país resaltaron el «prestigio profesional y personal» de la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, y se pronunciaron por el «imperativo institucional» de mantener la independencia del Poder Judicial.

Un testigo declaró que la jefa del Ministerio Público omitió dar curso a las imputaciones que un grupo de fiscales de San Isidro hizo contra su ex jefe Julio Novo.

El trámite se hará a través de la página Web de la Suprema Corte. Deberán rendir un examen en abril.

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó un decreto que equipara los efectos jurídicos del Boletín Oficial en versión digital. Argumentó que, al dotar de validez la publicación electrónica “se simplifica y facilita el acceso a la efectiva publicidad de las normas, avisos y demás publicaciones allí insertas”.

Con el inicio de las actividades del Poder Judicial, el jury contra el juez Néstor Luis Montezanti ingresó en su tramo final. Al magistrado se le imputa “haber desplegado conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y de vocación democrática».

En el marco de la causa de “Fraude a la administración pública en obra de las 150 hectáreas de Alto Comedero”, impulsada por el Gobierno provincial, se allanó la casa del ex funcionario del IVUJ, Pablo Tolosa, en San Pedro.

«No se tenía la opinión de la fiscal, supongo que es en estos días (lo hará), creo que tiene hasta hoy, pero en mi caso tengo cinco días más”, afirmó Mercau en conferencia de prensa a diez días de la detención de Sala, imputada por delitos penales a raíz de un acampe en la plaza Belgrano de la capital jujeña, que reclama desde hace un mes y medio diálogo al gobernador Gerardo Morales.

La fiscal federal que investiga al exvicepresidente Amado Boudou, Stella Maris Scandura, denunció este sábado que fue víctima de un asalto en el barrio porteño de Almagro y admitió: “casi soy una Nisman más».

La Cámara Federal de Mar del Plata habilitó el tratamiento de un planteo contra los decretos presidenciales que modificaron los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada durante el Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.