“Nos dicen que robamos pero es la policía la que nos hace robar, son ellos los que fuman paco”, así dijo uno de los pibes que se bancó el calor frente al Congreso de la Nación y de una columna de policías durante el día de ayer. El día que más de 500 pibes marcharan para evitar que los senadores aprobaran el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para ser aplicado a los jóvenes desde los 14 años.
A los señores senadores no les importó los cientos de niños que pateaban el asfalto al ritmo de los bombos. Chicos del Hogar de Cajade, de Ruca Hueney, del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, de Cáritas Quilmes, de Che Pibe, del Culebrón Timbal, del Foro por los Derechos de la Niñez, junto a más organizaciones de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.
Estaban la CTA, Asamblea de Flores, Proyecto Sur, ATE, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Norita Cortiña, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora los acompañó, junto a los dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina Ricardo Peidro, Fabio Basteiro y Carlos Chile, entre otros.
Lo que comenzó como un rumor el martes se transformó en una certeza, y sólo quedaron unas pocas horas para que las organizaciones pudieran manifestar su desacuerdo. Pero no alcanzó. Ahora la pelea será en la Cámara de Diputados de la Nación, al mismo tiempo que en provincia de Buenos Aires se intentará aprobar las modificaciones a la ley 13.634 de Responsabilidad Penal Juvenil y aprobar el régimen de contravenciones.
Así describe la situación un comunicado del Foro por los Derechos de la Niñez:
“Con esta política de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad disfrazada de “garantismo”, y con el intento de Scioli de modificar el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de provincia de Buenos Aires y los códigos contravencionales; estamos en un momento de retroceso brutal respecto a las políticas públicas de infancia, al tiempo que es el mismo Estado el que incumple con todas sus obligaciones en la aplicación de las leyes de promoción y protección de derechos, y desfinancia a las organizaciones que sostienen el trabajo cotidiano con los chicos.
“Desde este espacio, volvemos a decir que antes que legislar bajando la edad de imputabilidad, habrá que asumir la evidente relación entre exclusión social y violación a la ley penal. La primera respuesta, por lo tanto, deberá comenzar por la concreta cobertura de las necesidades básicas insatisfechas que eviten el ingreso en procesos de exclusión.
“La estructura social argentina, tal como está conformada, requiere de estas decisiones y de políticas pensadas para la seguridad, pero vista ésta en toda su dimensión. Es decir universales y no focalizadas. La aprobación de este proyecto va a contramano de ese retorno a la seguridad social. Es seguir destinando recursos a la conformación de aparatos represivos destinados a los pibes, y no a una crianza con amor y protección.
“El encierro no resuelve problemáticas que en su raíz son sociales y tienen que ver con la violación sistemática de derechos básicos, como el acceso a un plato de comida. No existen esos tratamientos porque no existe la decisión de resolver la desigualdad. De avanzar hacia una verdadera distribución de la riqueza. Real y no sólo para ser mencionada en un discurso televisivo”. (ACTA)
Noticias relacionadas
