Macri, De Narváez, Michetti y Solá fustigaron el proyecto oficial en el Congreso. Y exigieron que la discusión se dé tras el recambio legislativo: «Esta mayoría es legal pero no legítima», lanzó el jefe de Gobierno porteño. Antes, la UCR y la Coalición Cívica también lanzaron cuestionamientos.
Las reacciones opositoras al proyecto kirchnerista de nueva ley de radiodifusión, anunciado esta mañana por la presidenta Cristina Kirchner coinciden en una sensación: la desconfianza. Y plantean una exigencia: que el debate se dé en el Congreso tras el 10 de diciembre, cuando el recambio legislativo refleje el escenario político que dejaron los comicios del 28 de junio.
Poco antes de las 16, los principales referentes de Unión-PRO dieron una conferencia de prensa en el Congreso para fustigar el anuncio oficial. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, planteó que «lo que la gente votó el 28 de junio fue una era de menos confrontación». Y lanzó: «Este debate debería comenzar después del 10 de diciembre. Esta mayoría es legal pero no legítima. Que esto no genere escenarios de tensión adicionales».
Junto a él estuvieron Francisco de Narváez, Gabriela Michetti y Felipe Solá. «¿Hay alguna duda de que este proyecto pretende controlar los medios?, se preguntó De Narváez. Y continuó:»No es distinto de lo que ha hecho Chávez en Venezuela. Esto debería ser tratado con la nueva composición del Congreso después del 10 de diciembre».
Más temprano, en un comunicado difundido por su titular, Gerardo Morales, la UCR habló del «escaso respeto por los mecanismos, las herramientas y las instituciones de la República demostrado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner», lo que «obliga a reclamar una norma que tutele los derechos de los ciudadanos a expresarse e informarse con pluralidad, independencia y responsabilidad, replicar si fuera necesario, y acceder a la información sobre el manejo de los recursos públicos».
Pero añadió que «de trampas, zancadillas y estafas, el kirchnerismo viene esclareciendo a la Nación desde hace algún tiempo». Y observó que «no están dadas las condiciones y las garantías políticas necesarias para un serio tratamiento en el Congreso, con amplio y participativo debate en conjunto de las iniciativas con estado parlamentario. La estrategia de hacer valer una mayoría circunstancial, pone en jaque a la democracia doblegando libertades al mejor estilo chavista, con medios de rodillas replicantes del discurso oficial».
Además, la UCR advirtió que «el mínimo intento de concentración de cualquier signo -incluso gubernamental- afectando el proceso de consolidación de la democracia merecerá su impugnación». Y recordó que «así fue en la privatización de la década de los noventa, cuando el justicialismo liderado por el ex presidente Carlos Menem formalizó la primer concentración de medios; o la ratificación de 2005, cuando, el también justicialista, el ex presidente Néstor Kirchner extendió las licencias por varias décadas».
«En el mismo sentido –agregó-, la pretensión autoritaria de acumular poder y presionar con dineros del Estado será, desde ya, rechazada de plano»
Por su parte, la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro advirtió ante Clarín.com que «el Gobierno busca el control político de los medios de comunicación» y fustigó el discurso de la Presidenta, en el que habló de la «libertad de extorsión»: «el Gobierno –dijo- ve extorsiones en todos lados, porque ésa es su política».
Estenssoro dijo que «los antecedentes de este Gobierno en cuanto al derecho a la información son terribles». «Si ha destruido al INDEC, ¿cómo podemos creer que quiere democratizar la información?», se preguntó.
La senadora, que también fue periodista, recordó que fue la misma Cristina Kirchner quien, cuando estaba en el Senado, «impidió que la Argentina cuente con una ley de acceso a la información pública. Con esos antecedentes –señaló- no se puede creer que el objetivo sea la información».
«El verdadero objetivo –dijo- es generar consorcios de medios públicos con medios comunitarios subsidiados por el estado, el 60 por ciento de la prensa subsidiada por el Estado y adicta al gobierno. Ese el modelo que propone la ley, un modelo peligroso». (CLARÍN)
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