Por Mariano Vázquez
La Confederación Sindical Internacional mostró que los abusos a las garantías fundamentales de los trabajadores se han producido en 143 países durante el 2008. En el caso argentino menciona cinco casos de persecuciones sufridas por organizaciones de base de la CTA y destaca la “sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra el monopolio sindical”.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó, en el marco de la 98º Conferencia Anual de la Organización Internacional de la OIT, su Informe Anual 2009 sobre violaciones a los derechos sindicales, en el que destacó el “tremendo impacto” que en 2008 ha producido “la crisis económica y financiera mundial” sobre “millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, tanto en países industrializados como en países en desarrollo”.
La Confederación, que agrupa a 312 organizaciones afiliadas en 157 países, destacó que “hace falta desarrollar una economía global basada en empleos decentes y justicia social”, subrayó la necesidad “de una mejor distribución de la riqueza”, y afirmó que los trabajadores en todo el mundo “han empezado a sentir el pleno impacto del aumento del desempleo en sus vidas y las de sus familias y comunidades, a causa de la desaparición de empleos decentes. También han empezado a constatar las crecientes repercusiones sobre sus derechos en el trabajo”.
En referencia a la situación en la Argentina –a la que el informe le dedica dos páginas–, la CSI mencionó únicamente casos vinculados a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y destacó que “un fallo de la Corte Suprema cuestionó el sistema de monopolio sindical en el sector estatal”, al tiempo que sostuvo que “se han registrado conflictos en el sector de la educación y agresiones a los docentes que intentaron instalar una carpa frente a la sede de la Jefatura de Gobierno en Buenos Aires”, y tampoco se resolvió “el conflicto del (dirigente de ATE) Miguel Hugo Rojo, a pesar de la recomendación a su favor del Comité de Libertad Sindical de la OIT”.
El informe puso en el centro de la escena la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 11 de noviembre de 2008 “contra el monopolio sindical”. Para la CSI es un hecho que “modifica el esquema sindical entre los trabajadores del Estado, la Corte Suprema de Justicia dispuso que no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería para ser elegido delegado sindical” al fallar a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), declaró inconstitucional el artículo que establecía esa condición y abrió una brecha para el histórico reclamo de la Central. “La libertad sindical significa el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la constitución de sindicatos sin necesidad de autorización previa”, indicó el gigante mundial que agrupa a los trabajadores.
La investigación abordó después otros temas vinculados a la violación de los derechos laborales y consignó que durante 2008 se registraron 367 conflictos laborales, “una cifra relativamente más alta a la presentada durante 2007”.
“Aún no se ha resuelto el caso 1.867 de la OIT sobre Miguel Hugo Rojo. El Gobierno continúa sin cumplir la recomendación del Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT emitida en 1998 donde indicaba que Rojo, entonces secretario general de ATE en la provincia de Salta, había sido víctima de un despido injustificado. La recomendación del CLS fue su reincorporación o indemnización, pero ha sido ignorada hasta el momento por los sucesivos gobiernos argentinos. El 7 de mayo de 2007, Rojo elevó una carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, acompañada de un escrito presentado recientemente al CLS, con el propósito de reiterar su reclamación en razón de los más de 16 años transcurridos durante los cuales se le ha denegado justicia”, expresó la CSI.
Otra de las denuncias fue el secuestró del secretario general de ATE y adjunto de la CTA, Pablo Micheli. “Fue secuestrado por varios individuos armados quienes profirieron amenazas contra él y su familia, exigiéndole que depusiera su activismo sindical. El dirigente no sufrió daños físicos, aunque lo retuvieron durante más de dos horas con los ojos vendados y amarrado”, especificó la Confederación.
El Informe Anual también reseñó los episodios de violencia contra docentes en la Capital Federal: “Cientos de docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTA) y la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA-CTA) fueron agredidos al intentar instalar una carpa frente a la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los maestros tenían previsto iniciar 100 horas de vigilia frente al Palacio de Gobierno para reclamar, entre otras cosas, un aumento salarial de un 20%, la restitución de becas a los estudiantes secundarios, soluciones a los problemas de infraestructura y libre elección de la obra social (mutual de salud). Sin embargo, los efectivos de las fuerzas de seguridad no lo permitieron porque, según ellos, no tenían autorización de la administración para instalar la carpa. Entre los heridos figuran el jefe de prensa de CTERA, el director de una escuela del barrio de Lugano y la secretaria general de CTERA y secretaria de Formación y Capacitación de la CTA, Stella Maldonado”.
Otro apartado de la investigación fue el de los “reiterados ataques a miembros de la CTA en la Provincia de Buenos Aires”, como en el caso del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que sufrió “reiterados ataques y atentados contra sus miembros, incluido el asalto de las dependencias de la organización. En todos estos ataques se exigió a los miembros que abandonasen sus actividades. La CTA ha interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos, exigiendo además una entrevista con el Ministro de Justicia y Seguridad Nacional”.
El diagnóstico sobre la situación laboral en el país también incluyó los despidos y presiones contra los trabajadores del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA-CTA): “Los trabajadores de las compañías fabricantes de neumáticos FATE, Bridgestone y Firestone habían iniciado el 24 de julio un paro de 48 horas reivindicando un incremento salarial. La patronal respondió de inmediato procediendo a despedir a 205 trabajadores. Se resolvió entonces iniciar un paro por tiempo indefinido que se suspendería cuando el Ministerio de Trabajo impusiera la conciliación obligatoria. La empresa ofreció un aumento salarial del 28%, que los trabajadores aceptarían a condición de que se readmita a los trabajadores despedidos”, detalló la CSI. Para ver el informe completo ingresar a http://survey09.ituc-csi.org/
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