Por INECIP
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) celebramos la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal en Salta y Jujuy, luego de casi 5 años de su aprobación. Tras este primer paso, urge avanzar con su implementación en el resto del país.
El Código Procesal Penal Federal (Ley Nº 27.063), sancionado por el Congreso Nacional en el 2014, buscaba instaurar un sistema penal acusatorio-adversarial en la Justicia Federal.
El objetivo era dejar atrás el arcaico sistema inquisitivo, y avanzar hacia un sistema procesal que asegure la independencia, la transparencia, la eficacia, la celeridad, la división de funciones y el respeto por las garantías constitucionales.
Vale señalar que Argentina (a nivel federal) y Brasil son los únicos dos países de América Latina que aún conservan un sistema penal escrito en donde los jueces -y no los fiscales- llevan adelante la investigación y el juzgamiento.
Sin embargo, la entrada en vigencia del Código fue suspendida por DNU en 2015 y supeditada a un cronograma que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPN jamás elaboró.
La clase política que hoy se sorprende de los oscuros manejos del Poder Judicial fue la misma que en estos 4 años paralizó su reforma.
Lo cierto es que ya no existen argumentos para seguir demorando esa puesta en marcha. La aprobación en febrero de este año de las modificaciones al texto legal impulsadas por el Gobierno Nacional y su efectiva entrada en funcionamiento el día de hoy en Salta y Jujuy ya no dejan lugar a dudas: el Código debe implementarse cuanto antes a lo largo y ancho del país.
La palmaria ilegitimidad e ineficacia del Poder Judicial federal, sumados a la exposición pública de sus oscuros vínculos con el sistema de inteligencia, han hecho cada vez más evidente la necesidad de realizar una transformación de raíz.
Instamos a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPN a establecer un riguroso cronograma de implementación, con fechas fijas y de corto plazo.
La implementación de un sistema penal federal ágil, eficaz y democrático depende exclusivamente de la voluntad política de tomar las decisiones necesarias para alcanzarlo.
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