Néstor y Cristina Kirchner pretenden declarar al deporte más popular de «interés nacional» y obligar a emitir encuentros por TV abierta. La pelea del Gobierno con Torneos y Competencias y el Grupo Clarín es por un negocio de 9.300 millones de pesos anuales. Se estaría elaborando un proyecto de ley.
Como un elemento más de presión en la renovada esgrima con el Grupo Clarín, el Gobierno nacional comenzó a motorizar un proyecto de ley para arrebatarle al holding los derechos de exclusividad en la transmisión de los partidos de fútbol de Primera División. La iniciativa que -según afirman cerca de Néstor Kirchner- acompañaría el supuesto ingreso de la ley de radiodifusión en el Congreso, apunta a desplazar a Clarín de un negocio que, fuentes calificadas del mercado, estiman en 9.300 millones de pesos anuales.
El contrato de televisación comenzó en 1991 y, desde entonces, se fue prorrogando, según publica el diario Crítica. La empresa que explota los derechos para transmitir el fútbol de Primera A y el Nacional B es Televisión Satelital Codificada (TSC) y su contrato vence en 2014. El Grupo Clarín y Torneos y Competencias se reparten su capital en partes iguales: 50 por ciento para cada uno. Hoy TSC les cede a los clubes de Primera División apenas 180 millones de pesos por todo el año. River Plate y Boca Juniors se quedan con 18 millones cada uno; Vélez, Independiente, San Lorenzo y Racing con unos 11 millones; y el resto con siete millones.
El presidente de la AFA, Julio Grondona, les advirtió a los dueños del fútbol televisado: «Pongan más plata porque el Gobierno quiere estatizar».
Las fuentes consultadas por el matutino, del sector empresario y de la dirigencia del fútbol coinciden en que quitarle los derechos a TSC es «muy difícil». Desde el Gobierno, responden que por eso preparan una «ley del fútbol», que declara a ese deporte de «interés nacional». El proyecto ocupa a funcionarios del Comfer, que preside Gabriel Mariotto, y a especialistas de la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce Carlos Zannini, el hombre que cuida la firma de los Kirchner y oficia de arquitecto jurídico de cada uno de sus planes. Una posibilidad sería ceder los derechos al canal que oferte la cifra más alta para transmitir cada partido. «Queremos que por lo menos seis de los diez encuentros que se juegan los fines de semana sean emitidos por televisión abierta», le dijo a Crítica de la Argentina un hombre que frecuenta a Kirchner.
El Gobierno ya demostró que le presta atención al asunto. Desde el año pasado puso en marcha lo que consideran una prueba piloto: Canal 7 televisa los partidos del viernes y se prepara para hacer lo mismo con el Nacional B. El rating de entre 7 y 8 puntos es alto para la emisora oficial. Los habitués de la residencia de Olivos prometen como anzuelo que el 50 por ciento de lo que se recaude será destinado a las menguadas arcas de los clubes de fútbol.
Pero todavía no está claro a qué argumento apelaría el Ejecutivo en el caso de que su embestida contra Clarín se concrete. En el último año, Kirchner cuestionó duramente al holding en privado y ordenó hasta una campaña de afiches en su contra, pero cuando le tocó gobernar no hizo más que cumplir con todo lo que demandaba el multimedio. Los benefició con la extensión de la licencia de Canal 13 (junto al resto de las emisoras) y con la fusión de Multicanal y CableVisión.
La Ley 25.342, sancionada por el gobierno de la Alianza en octubre de 2000, fue la única que intercedió en el negocio y obligó a emitir por televisión abierta todos los partidos de la Selección nacional durante los mundiales de fútbol. Allí, se invocaba precisamente la Ley de Defensa de la Competencia.
Los técnicos que trabajan en el proyecto también tienen como antecedente el dictamen del ex presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, José Sbatella, que tuvo que dejar su cargo tras enfrentar a Guillermo Moreno. En diciembre de 2007, cuando impugnó la fusión, Sbatella escribió: «El caso del grupo de contenidos de Torneos y Competencias parece representar una amenaza competitiva mayor, puesto que se trata de un grupo de compañías que controla todas las transmisiones de los partidos de fútbol del campeonato argentino de Primera División. Este hecho parece haber convertido a las dos señales principales de este grupo (que son los canales TyC Sports y TyC Max) en verdaderos ‘canales estrella’, que sirven para diferenciar significativamente a los operadores de televisión por cable que ofrecen dichos canales de los que no los ofrecen».
El ex presidente de la CNDC cuestionaba la posición dominante de TyC y definía al fútbol como «un insumo fundamental para el operador de tevé paga». En España, citaba, «los operadores de tevé por cable han manifestado que el fútbol es el principal atractivo para captar abonados». En base a esos datos, fuentes empresariales que conocen con precisión el mercado, estimaron ante este diario que el negocio del fútbol televisado ronda los 9.300 millones de pesos al año. «Son por lo menos seis millones de abonados por 130 pesos que cuesta, por mes, un abono que incluye todos los partidos».
Tras su salida de TyC, el empresario Carlos Ávila comenzó a repetir que era inaudito que los derechos de transmisión quedaran en manos de empresas que son, al mismo tiempo, las encargadas de la distribución de la señal. «Están de los dos lados del mostrador», repetía. Ávila le dice a su entorno que hoy su objetivo prioritario es pelear por la presidencia de River Plate, pero quienes lo conocen afirman que aún no resigna su objetivo de recuperar el negocio que lo hizo famoso.
El kirchnerismo piensa consultar a dirigentes del fútbol afines entre los que ubican al ex candidato a presidente de Boca, Roberto Digón, y al ex presidente de Vélez Álvaro Balestrini, hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Consultado por Crítica de la Argentina, Balestrini -uno de los pocos que no pidió el anonimato- afirmó que no estaba al tanto del proyecto, pero fue terminante. «A los clubes por derechos de televisión nos pagan dos pesos. En Europa se financian con eso y pueden compran jugadores de jerarquía con ese dinero. Acá, lo único que tenemos es la venta de jugadores. Los derechos deben volver a los clubes para que negocien de manera individual.»
Por eso las críticas de los que se animan a hablar apuntan contra Julio Grondona, el hombre que retiene el sillón de mandamás del fútbol profesional desde hace más de tres décadas. El Gobierno también deberá pensar en él si decide jugar la carta que está agitando.
En Europa también hay hinchas
Para tener una dimensión acerca de la desproporción entre el dinero que el negocio del fútbol televisado genera y la fracción que reciben los clubes, sólo hay que comparar números. Los clubes de Primera A y del Nacional B reciben hoy 230 millones de pesos por año: 180 para la A y 50 para el Nacional. El presidente de un club que pidió no ser identificado le contó a Crítica de la Argentina que, en una reunión del Cómite Ejecutivo de la AFA de 2008, el entonces presidente de Boca Juniors, Pedro Pompilio, dio una cifra que quedó grabada para siempre en el grupo de dirigentes de Primera A que lo escuchaba. «En Europa hay tres millones de personas que pagan tres euros por partido. Son 9 millones de euros que recauda TSC sólo por un partido».
La Selección como antecedente
En octubre de 2000, el gobierno de Fernando de la Rúa sancionó la ley 25.342. La norma obligaba a emitir por televisión abierta en todo el territorio nacional los encuentros del seleccionado argentino de fútbol. Como reaseguro para su cumplimiento, el artículo 4º establecía sanciones previstas en la Ley de Radiodifusión y advertía que si los titulares de los derechos de transmisión «los comercializaren de forma tal que contravengan las disposiciones establecidas en la ley 25.156, de defensa de la competencia, serán sancionados conforme lo dispuesto en la misma, por la Comisión y/o Tribunal de Defensa de la Competencia». En segundo lugar, apelaba a un argumento que en el gobierno nacional algunos piensan desempolvar. «Si frente a esta ley se esgrimiera la existencia de derechos adquiridos, la Comisión y/o Tribunal determinará si restringen, falsean o distorsionan la competencia o el acceso al mercado o constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.» (PARLAMENTARIO)
