El Ministerio de Defensa informa que a las 00 horas de hoy viernes 27 de febrero entró en vigencia el nuevo Sistema de Justicia Militar, cuya ley 26.394 fue sancionada por el Congreso Nacional el 6 de agosto de 2008, y promulgada el 26 del mismo mes.
De acuerdo al artículo N° 7 de la norma, después de su promulgación debían transcurrir seis meses antes de que comenzara a regir. Durante ese tiempo se implementó en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación.
LEY 26.394- LOS GRANDES EJES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR SON:
- Erradicación de la pena de muerte.
- Tratamiento de los delitos esencialmente militares en la órbita de la justicia común.
- Mayor claridad en la definición de los delitos militares.
- Cambio integral del sistema disciplinario.
- Reafirmación de la transparencia y la institucionalidad republicana.
CONTENIDO DE LA LEY
-Derogación del Código de Justicia Militar (Ley Nro. 14.029).
-Modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal (Anexo 1).
-Establecimiento del Procedimiento Penal Militar para Tiempos de Guerra y otros Conflictos Armados.
-Establecimiento de las Instrucciones para la Población Civil en tiempos de Guerra y otros Conflictos Armados que, como Anexo III, integran la presente ley.
-Instauración del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas que, como Anexo IV, integra la presente ley.
-Organización del Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas que, como Anexo V, integra la presente ley. (La Auditoria dependerá directamente del Ministerio de Defensa -en lugar de hacerlo de cada Fuerza-, dándole así mayor independencia frente a éstas, y también acentúa el carácter conjunto, al establecer que la conducción de esta dependencia sea rotativa).
La Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa distribuyó entre las tres fuerzas treinta y cinco mil ejemplares del Anexo IV de la Ley 26.394, que corresponden al Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas y su reglamentación específica para el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina (Anexo IV de la Ley 26.394).
El proyecto de reforma desde sus inicios
El 6 de marzo de 2006, la ministra de Defensa, Nilda Garré, encabezó la primera reunión con los integrantes de la Comisión que tendría por finalidad diseñar un nuevo Sistema de Justicia Militar, y derogar el, hasta entonces, vigente Código de Justicia Militar. Para conformar esa Comisión el Ministerio de Defensa convocó a distintos organismos públicos, institutos académicos y organizaciones no gubernamentales. De cada uno de ellos se designó un representante para lograr el mayor nivel técnico y jurídico, y la mayor pluralidad doctrinaria para la tarea jurídica indicada.
Esa comisión estuvo integrada por representantes de la Universidad de Buenos Aires, el presidente de su Instituto de Derecho Penal, Raúl Zaffaroni -ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-; el jurista Alberto Binder, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP); la magistrada Mirta López González, representante de la Asociación de Mujeres Jueces; Diego Frydman, por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); el doctor Gabriel Pablo Valladares, como representante de la Cruz Roja Argentina, quien actuará como observador; el contra-almirante José Agustín Reilly, Auditor General de las Fuerzas Armadas; el coronel auditor Manuel Lozano; el doctor Alberto Bovino, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y funcionarios del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. También integró la comisión el secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar; y participaron representantes de la Universidades de San Andrés y de Palermo y de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Transcurridos cuatro meses de esa primera reunión, el 27 de julio de 2006, la comisión elevó el ante-proyecto del nuevo sistema de justicia militar a la ministra. A su vez, Garré entregó copias a cuatro representantes de los Estados Mayores, a quienes les solicitó que elevaran sus observaciones. Paralelamente el Ministerio abrió un proceso de consulta a los departamentos de Derecho Penal, Derecho Público y Ciencia Política de Universidades Nacionales, organizaciones de la sociedad civil, y de abogados.
El 23 de agosto de 2006 Garré encabezó en el Auditorio del Edificio Libertador una reunión con más de un centenar de oficiales superiores y oficiales auditores pertenecientes a las tres Fuerzas Armadas, en la que se informó acerca del proyecto de reforma del Sistema de Justicia Militar. En ese encuentro expusieron el coronel y abogado Manuel Lozano y el doctor Alberto Binder, ambos integrantes de la comisión que elaboró el anteproyecto. Luego de estas ponencias los asistentes formularon diversas preguntas.
El 17 de abril de 2008 Garré explicó en el senado el proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema de Justicia Militar enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Antes, la ley mencionada había tenido media sanción en la Cámara de Diputados.
Finalmente, cuatro meses después, el 6 de agosto de 2008, con la presencia en el recinto de la ministra de Defensa, Nilda Garré, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad en general el nuevo Sistema de Justicia Militar.
Origen de la reforma
La disposición del Ministerio de Defensa que puso en marcha el mecanismo de reforma tomó como punto de partida que «en el marco del caso Nro. 11758- caratulado Rodolfo Correa Belisle v. Argentina- del registro de la Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- el Estado nacional, el 24 de agosto de 2004, se comprometió con los peticionarios a iniciar un proceso de solución amistosa ante la mencionada Comisión».
La Res. Mindef 154/06 consigna que «en el acta respectiva los peticionarios manifestaron que la agenda de discusión a ser abordada por este espacio debía contener, entre otros puntos, una reforma legislativa vinculada con el Código de Justicia Militar».
Correa Belisle es el capitán del Ejército Argentino que fue juzgado en el marco del caso del asesinato del soldado conscripto Carrasco ocurrida el 16 de marzo de 1994), cuya conclusión produjo varias condenas judiciales (Correa Belisle fue absuelto). Las consecuencias del caso Carrasco constituyeron el paso determinante para la transformación del sistema de conscripción obligatoria y su reemplazo por el de soldados voluntarios actualmente en vigencia.
El Ministerio de Defensa también tomó en cuenta el caso Nro. 12.167 «Arguelles y otros vs. Argentina», «en el que también se ha dado inicio a un proceso de solución amistosa en el que las partes acordaron la reforma del sistema de administración de justicia penal en el ámbito castrense y su adecuación a los estándares internacionales que rigen en la materia».
