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ENTREVISTA: Virginia Aparicio contó su verdad

Virginia Aparicio denunció censura y un «intento de disciplinamiento» tras su exoneración del INTA

La reconocida investigadora necochense, premiada recientemente con el galardón Jauretche, fue apartada de su cargo en la estación experimental de Balcarce luego de liderar un estudio internacional sobre el impacto de los plaguicidas en el ambiente y en el cuerpo humano. La científica iniciará acciones judiciales para ser restituida.

La ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio, de extensa trayectoria en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce y radicada desde su infancia en Necochea, brindó detalles sobre el proceso que derivó en su reciente exoneración de la entidad pública.

En diálogo con el periodista Quimey Marfil en el programa Vine por el aviso (Radio Noticias Necochea), la especialista calificó la medida como un hecho inédito en democracia dentro del sistema científico nacional y advirtió sobre presiones vinculadas a los resultados de una investigación internacional sobre agroquímicos.

El origen del conflicto: el proyecto SPRINT

El conflicto se desencadenó a raíz de la participación de Argentina en el proyecto internacional SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal), una iniciativa financiada por la Comisión Europea en el marco de la estrategia De la granja a la mesa, cuyo objetivo es reducir en un 50 % el uso de plaguicidas hacia el año 2030.

El estudio, que se desarrolló de forma simultánea en 10 países europeos y en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, analizó la presencia y distribución de más de 200 plaguicidas en el suelo, el agua, los cultivos, el ganado y en 73 voluntarios humanos —entre ellos productores agroecológicos, trabajadores rurales convencionales y habitantes de centros urbanos como Necochea, Balcarce y Mar del Plata—.

Según explicó Aparicio, el convenio institucional fue evaluado desde el punto de vista legal y científico, aprobado por el Consejo Directivo del INTA y firmado en 2020.

Las muestras recolectadas en la región fueron enviadas bajo estrictos protocolos y cadenas de frío a laboratorios de República Checa, España y Países Bajos para garantizar resultados comparables a nivel global.

«En todos los casos aparecen plaguicidas en las matrices humanas; en el que come, bebe y respira, y en el que también los usa», señaló la investigadora, aclarando que el objetivo científico no era señalar culpables ni reglamentar, sino comprender el efecto cóctel de las mezclas químicas en la salud y coconstruir junto a los productores prácticas que reduzcan la exposición.

Freno a los resultados y sumario administrativo

Cuando en junio de 2023 estuvieron listos los análisis de Europa y se organizó una reunión virtual para entregar los informes individuales a los voluntarios y explicar el alcance global de los datos, las autoridades del INTA ordenaron suspender el encuentro y le prohibieron continuar trabajando en la temática.

El argumento oficial fue que la institución se había «excedido en sus incumbencias» al realizar muestreos en población humana.

Para Aparicio, se trató de una excusa infundada, dado que el trabajo con humanos estaba explícitamente detallado en el convenio aprobado y el organismo ha realizado múltiples investigaciones vinculadas a la salud, incluso durante la pandemia de COVID-19.

La científica atribuyó el freno al fuerte lobby empresarial en un sector donde las firmas de agroquímicos financian numerosos ensayos.

A fines de 2023, las autoridades del instituto solicitaron a la coordinación europea en Países Bajos la desvinculación de Argentina del proyecto y abrieron un sumario administrativo contra 14 integrantes del equipo.

Si bien en 2025 el resto de los compañeros fueron deslindados del proceso, la responsabilidad se concentró exclusivamente en Aparicio, culminando en su exoneración —una sanción que la inhabilita de por vida para ejercer cargos en la administración pública—.

Además, la investigadora desmintió categóricamente rumores sobre supuestas malversaciones de fondos o contratación irregular de familiares, remarcando que el dinero ingresó a las cuentas oficiales del INTA y superó todas las auditorías nacionales y europeas.

Respaldo científico y vía judicial

La exoneración generó un fuerte repudio en el ámbito académico y científico, con pronunciamientos a favor de la investigadora por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional del Comahue y diversos sectores políticos, además de una denuncia penal contra las autoridades del organismo.

En paralelo, el día previo a la entrevista, Aparicio recibió el Premio Jauretche en reconocimiento a su labor y compromiso.

«Se distrajeron en investigarnos a nosotros y nunca en ponerse en contacto con los coordinadores europeos para ver los resultados.

Perdimos dos años y medio de poder ir dando pasos en favor de la salud pública», lamentó la científica, quien días atrás disertó sobre la temática en el Hospital Garrahan.

De cara al futuro, Aparicio confirmó que en la primera semana de diciembre presentará un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ante el INTA y el Ministerio correspondiente.

Una vez agotada la vía administrativa, acudirá a la Justicia con el objetivo de que un juez independiente revise la causa y ordene su restitución: «Yo quiero jubilarme en el INTA, ese es el objetivo».

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