Kicillof habilitó el uso de fondos del Inmobiliario Rural para obras hídricas

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó este martes la ley sancionada recientemente por la Legislatura bonaerense, una medida largamente esperada por los intendentes de distintos distritos.

La normativa autoriza a los jefes comunales a utilizar los recursos provenientes del impuesto inmobiliario rural con un fin específico y urgente: reforzar la infraestructura hídrica y mitigar el impacto de eventos climáticos extremos.

La iniciativa, impulsada ante la llegada de un inusual y complejo escenario meteorológico en la región, busca dotar de mayor autonomía financiera a los municipios para que puedan ejecutar obras de prevención de manera ágil.

Canales de desagüe, limpieza de arroyos, fortalecimiento de defensas y mantenimiento de caminos rurales críticos figuran entre las principales prioridades que los gobiernos locales podrán financiar con estos fondos.

Desde el Poder Ejecutivo provincial destacaron que la decisión responde a una demanda territorial constante, donde la coordinación entre la Provincia y los municipios resulta fundamental para dar respuestas rápidas a los productores agropecuarios y a los habitantes de zonas anegables.

Con esta promulgación, los intendentes dispondrán de una herramienta legal clave para anticiparse a las contingencias climáticas y proteger la producción y la infraestructura local.

Con la promulgación de la Ley 15.688 en la Provincia de Buenos Aires, los jefes comunales de los 135 distritos cuentan con la facultad legal —durante un plazo extraordinario de 180 días corridos— de reasignar hasta el 100% de los fondos coparticipables del Impuesto Inmobiliario Rural (originalmente destinados al Fondo Compensador de Mantenimiento Vial) para hacer frente a las contingencias del fenómeno climático.

La normativa estipula de forma específica que los recursos podrán aplicarse en las siguientes obras hídricas y tareas prioritarias:

• Drenaje pluvial y limpieza de canales: Trabajos destinados a agilizar el escurrimiento del agua de lluvia en zonas urbanas y rurales anegables para evitar acumulaciones críticas.
• Dragado de cursos de agua: Acciones orientadas a recuperar la capacidad de conducción de arroyos y ríos locales que puedan desbordarse ante precipitaciones intensas.
• Reparación o ampliación de alcantarillas: Mantenimiento estructural y rediseño de pasos de agua bajo caminos y rutas para asegurar que no actúen como diques de contención en momentos de crecidas.
• Obras de defensa: Construcción o refuerzo de terraplenes, reservorios y defensas perimetrales para proteger cascos urbanos, zonas productivas e infraestructura estratégica.
• Adquisición de equipamiento hídrico: Compra de maquinaria, bombas de extracción y herramientas específicas para atender emergencias hídricas en forma directa.

Un margen de decisión local

Cabe destacar que la norma no impone una obligación estricta, sino que otorga una herramienta de flexibilidad financiera.

Queda a criterio de cada intendente evaluar la situación particular de su distrito —equilibrando las necesidades de prevención contra inundaciones y el estado de los caminos rurales— para definir qué porcentaje de los fondos reasigna a estas obras hídricas prioritarias y cuánto destina a su finalidad original.