La Justicia declaró inconstitucional el veto indirecto del Gobierno y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

En un duro varapalo judicial para el Poder Ejecutivo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno nacional dar cumplimiento inmediato a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y diversas casas de altos estudios del país.

Con esta resolución, la Justicia intimó al Estado a dictar la reglamentación y ejecución necesaria para actualizar los salarios docentes y nodocentes, otorgar las partidas de funcionamiento y recomponer los fondos de las becas estudiantiles.

El recorrido del conflicto

El conflicto comenzó cuando el Poder Ejecutivo intentó frenar la normativa mediante un veto presidencial. Tras la insistencia de ambas cámaras del Congreso —que ratificaron la ley con las mayorías agravadas exigidas por la Constitución—, el Gobierno emitió el Decreto 759/2025.

Mediante esa norma, condicionó la aplicación de la ley a que previamente se determinaran fuentes específicas de financiamiento y se incluyeran las partidas dentro del Presupuesto General.

Sin embargo, en su escrito, el magistrado remarcó que dicho decreto operó en los hechos como una maniobra ilegítima:

«Ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional que configuró una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional.»

Los fundamentos de la resolución

El juez Cormick enfatizó que el decreto del Ejecutivo «no supera un test mínimo de razonabilidad» al intentar suspender, mediante un artículo de una ley anterior, la aplicación de una norma sobre la que el Poder Legislativo ya había insistido formalmente.

Asimismo, desestimó los argumentos oficiales relativos al impacto fiscal de la medida:

• Insuficiencia del argumento presupuestario: El magistrado recordó que durante los períodos 2024 y 2025 no hubo una Ley de Presupuesto aprobada, sino que se prorrogaron las partidas correspondientes al año 2023.
• Costo fiscal acotado: Citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las cuales precisan que el impacto financiero de la ley para todo el año 2025 representa aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
• Legitimidad del control judicial: Cormick aclaró que «el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado».

De esta manera, la resolución obliga al Gobierno a desbloquear de forma inmediata las partidas presupuestarias destinadas al sistema universitario nacional.