Por Jorge Zatloukal

Director Ejecutivo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV)

El origen de la infraestructura vial en Argentina se remonta a principios del siglo XX, con la Ley Mitre de 1907 y la posterior Ley de Vialidad de 1932.

Esta última, impulsada durante la presidencia del General Agustín P. Justo, estableció un fondo específico para la construcción y mantenimiento de caminos financiado a través de un impuesto a los combustibles, bajo un esquema similar al implementado en aquella época en Estados Unidos.

Durante los primeros diez años de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo el liderazgo de su primer presidente, Justiniano Allende Posse, se construyó casi el 80% de la red caminera actual.

La elección del 5 de octubre como Día del Camino conmemora la realización en Buenos Aires del Primer Congreso Panamericano de Carreteras en 1925, además de recordar la promulgación en 1932 de la Ley Nacional N.º 11.658, que encomendó a la DNV la planificación, administración, conservación y distribución de fondos hacia provincias y municipios.

Un diagnóstico crítico: el deterioro de la red caminera

La situación actual dista sustancialmente de aquellos años de expansión, donde con menor tecnología pero mayor transparencia se articuló una red pavimentada nacional.

De acuerdo con especialistas del sector, más de la mitad de la red vial presenta un estado calamitoso por falta de mantenimiento de rutina, derivado principalmente de la desviación de los fondos del impuesto a los combustibles hacia otros fines. Este panorama se replica en rutas provinciales, calles urbanas y caminos rurales municipales.

La desplanificación técnica se ha sostenido durante décadas: el último estudio integral de alcance nacional fue el Plan de Largo Alcance de 1962, seguido por iniciativas de menor alcance como el Plan Interprovincial EDIVIAR (Consejo Vial Federal) en los años 90 y propuestas del sector privado como el Proyecto 10 del Dr. Guillermo Laura.

                                  MAPA DE LA CRISIS VIAL
                                            │
  ┌───────────────────────┬─────────────────┴─────────────────┬───────────────────────┐
  │                       │                                   │                       │
Desvío de Fondos    Marcos Regulatorios                   Estructura               Inseguridad
 Viales (AFIP)        Inexistentes                       Empresarial                 Vial
  │                       │                                   │                       │
  ├─ Tasa a combustibles  ├─ Pendiente Art. 42 CN             ├─ Corredores Viales    ├─ Obra pública cero
  └─ Destinos ajenos      └─ Falta ente de control            ├─ AUBASA / AUSA        └─ Retroceso en ANSV
                             con participación usuario        └─ Camino de las Sierras

Análisis de la problemática institucional y regulatoria

Situación jurisprudencial y focos jurisdiccionales

• Provincia de Buenos Aires: La decisión de instalar peajes en la Ruta Provincial N.º 6 obliga a vecinos de localidades como San Vicente a abonar tarifas para desplazamientos internos (ej. tramo hacia Domselaar). A esto se suma la gestión de AUBASA sobre las rutas 2, 11, 6 y la Autopista Buenos Aires–La Plata via convenios precarios.
• Provincia de Córdoba: Cuestionamientos de usuarios y sectores productivos respecto a las tarifas y concesiones de la empresa Camino de las Sierras S.A. en la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La empresa AUSA continúa percibiendo peajes en autopistas urbanas cuyo costo original de capital fue amortizado décadas atrás, derivando fondos hacia obras ajenas a la traza vial.
• Ámbito Federal: Tras la disolución del OCCOVI en 2018 y la creación de Corredores Viales S.A., subsisten observaciones de organismos de control como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la SIGEN en relación con la transparencia contractual y los balances operativos.

Consecuencias económicas, logísticas y de seguridad

El incremento de los costos logísticos derivados de la combinación de peajes y mal estado de la calzada resta competitividad a la producción del interior, profundizando el aislamiento geográfico y afectando la integración territorial.

Por otra parte, la paralización de la obra pública y las reestructuraciones en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) coinciden con un incremento de la siniestralidad vial, afectando las condiciones laborales de conductores de transporte de carga y pasajeros.

«Reafirmar el derecho a caminos alternativos al peaje es indispensable para garantizar la libertad de tránsito constitucional y evitar que las estaciones de cobro funcionen como aduanas interiores que distorsionan el comercio de la Nación.»