Organizaciones de derechos humanos advierten sobre un grave ataque a la independencia judicial en la Ciudad de Buenos Aires

Diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación ante la denuncia presentada por el Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contra la jueza porteña Laura De Marinis ante el Consejo de la Magistratura.

A través del documento, remarcaron que este tipo de medidas por parte del Poder Ejecutivo constituye una injerencia indebida que erosiona la separación de poderes y vulnera las garantías del estado de derecho y del sistema democrático.

La acción disciplinaria contra De Marinis se originó tras un fallo en el que la magistrada declaró la inconstitucionalidad de la baja de la edad de punibilidad para un caso concreto, disponiendo no perseguir penalmente a un adolescente de 14 años acusado del intento de robo de un teléfono celular.

El dictamen de la jueza se fundamentó en los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y en recomendaciones de organismos internacionales sobre infancia, los cuales establecen que la sanción penal debe emplearse como último recurso y que el Estado debe priorizar la contención y protección frente a contextos de vulnerabilidad social.

En el comunicado, las entidades advirtieron que, al margen de las vías de apelación ordinarias de las resoluciones judiciales, la reacción del gobierno porteño busca generar un efecto amedrentador sobre la labor de la magistratura. Asimismo, respaldaron sus argumentos citando pronunciamientos de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, respecto del uso de medidas disciplinarias con motivación política para menoscabar la función judicial y la confianza pública en el sistema de justicia.

Finalmente, las organizaciones firmantes solicitaron al Consejo de la Magistratura el pronto archivo de la denuncia en resguardo del orden institucional.

Entre los suscriptores de la declaración figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, la Red de Abogados y Abogadas por los Derechos en Acción (RADA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Sur Argentina, La Poderosa y las agrupaciones integrantes del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina.