“La imputación fue absolutamente falsa”: la defensa de Cristina Kirchner cuestionó la condena en la causa Vialidad

En una conferencia de prensa, el equipo legal presentó un análisis sobre más de 2.000 millones de dólares en fideicomisos de obra pública. Aseguran que menos del 1% fue adjudicado a empresas vinculadas a Lázaro Báez.

El equipo de abogados defensores de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó a cabo una conferencia de prensa en la que presentó nuevos argumentos técnicos e internacionales con el objetivo de cuestionar la sentencia dictada en su contra en el marco de la causa conocida como «Vialidad».

Durante la exposición, la defensa calificó la acusación de «absolutamente falsa» y centró su argumentación en el análisis de los flujos financieros destinados a la obra pública durante los mandatos de la exmandataria.

Los ejes del informe financiero

Según explicaron los letrados, el estudio pormenorizado abarcó la trazabilidad de más de 2.000 millones de dólares provenientes de fideicomisos públicos administrados para el desarrollo de infraestructura vial e hidrocarburífera.

• Porcentaje adjudicado: De acuerdo con los datos presentados por la defensa, menos del 1% de la totalidad de esos fondos terminó en manos de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez o al grupo Austral Construcciones.
• Destino de los fondos: Los abogados señalaron que el 99% restante del presupuesto ejecutado mediante estos instrumentos financieros fue transferido a otras contratistas privadas de primera línea en todo el país.
• Desmontar la hipótesis fiscal: Con estos números, la representación legal argumentó que no existió una estructura de direccionamiento sistemático de la obra pública a favor de un único grupo empresarial.

Proyección en tribunales internacionales

La presentación forma parte de una estrategia de internacionalización del reclamo judicial de la exmandataria. El equipo técnico anticipó que estos informes económicos serán elevados a organismos y tribunales internacionales de derechos humanos para denunciar supuestas irregularidades en el debido proceso y cuestionar la fundamentación de la condena.