Policiales y Judiciales

Escándalo en Quequén

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Un abogado porteño se atrincheró dos horas en su camioneta tras realizar maniobras peligrosas

Un grave episodio alteró la tranquilidad en Quequén cuando cuatro personas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanecieron atrincheradas durante más de dos horas dentro de una camioneta Ford Raptor.

El hecho ocurrió luego de que inspectores de Tránsito Municipal los interceptaran en respuesta a reiteradas denuncias de los vecinos por picadas y conducción temeraria.

Cuatro días de maniobras imprudentes

El operativo se desplegó sobre la avenida 502, punto donde los residentes venían reportando desde hacía cuatro días continuas aceleraciones, derrapes y maniobras de alto riesgo que amenazaban la seguridad de peatones y automovilistas.

Cansados de la impunidad con la que circulaba el vehículo, los vecinos alertaron a la línea de atención municipal 147.

Resistencia y atrincheramiento

Al arribar al lugar, personal de Tránsito logró ubicar e interceptar la camioneta. Sin embargo, los cuatro ocupantes —tres hombres y una mujer— rechazaron de plano colaborar e intentaron impedir el control.

Uno de los hombres se identificó repetidamente como abogado, cuestionó la validez del procedimiento y se negó a descender del rodado.

Ante la postura intransigente de los involucrados, el conflicto se prolongó por más de dos horas, requiriendo la presencia de efectivos de la Comisaría Segunda, personal de la Jefatura Departamental Necochea y la intervención directa de la Fiscalía de turno.

Secuestro del vehículo y causa judicial

Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron que los ocupantes descendieran de la Ford Raptor.

El vehículo fue inmediatamente secuestrado al constatarse presuntas infracciones graves, entre ellas la falta de licencia habilitante y las maniobras peligrosas acreditadas.

Según se confirmó posteriormente, los cuatro porteños habían viajado a la zona para competir en el Torneo Provincial de Pádel que se disputa en Necochea.

Tras el procedimiento, la comunidad local expresó su alivio por el accionar de las autoridades, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia para determinar las responsabilidades penales y contravencionales del caso.

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