La AFA desmintió que la Justicia de EE. UU. haya citado a «Chiqui» Tapia o incautado su celular
A través de un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a cruzar categóricamente las versiones periodísticas que circulaban sobre supuestas medidas judiciales contra sus máximas autoridades en el exterior.
La institución aclaró de manera enfática que el presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, no fueron citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos ni sufrieron la incautación de sus teléfonos celulares.
Los detalles del comunicado oficial
El organismo que rige el fútbol argentino explicó en detalle el alcance del documento judicial emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida:
- Citación a un tercero: La AFA aclaró que el requerimiento del tribunal estadounidense está dirigido exclusivamente a una tercera persona, a quien se le solicitó comparecer ante un Gran Jurado e integrar documentación relacionada con diversos individuos, entre los que figuran directivos de la casa madre del fútbol argentino.
- Sin medidas personales: El escrito remarca que no existe orden de comparecencia, obligación procesal ni diligencia de secuestro o incautación de bienes o dispositivos electrónicos pertenecientes a Tapia o Toviggino.
«Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico», remarcó la entidad.
Llamado a la responsabilidad periodística y reserva de acciones legales
En otro tramo del documento, la institución advirtió sobre el impacto que genera la difusión de datos no contrastados, señalando que «la difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones».
Por este motivo, la AFA exhortó formalmente a los medios y profesionales del periodismo a verificar adecuadamente las fuentes y documentos antes de su publicación. Asimismo, concluyó advirtiendo que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes ante la divulgación de información falsa que perjudique a la entidad o a sus dirigentes.
