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La Libertad Avanza postergó el debate de la ley de propiedad privada y estalla la interna oficialista

La Libertad Avanza (LLA) se vio obligada a postergar por cuarta vez en el Senado el tratamiento del proyecto de ley de propiedad privada, ante la falta de votos para aprobar la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó formalmente demorar el tratamiento de la iniciativa hasta la sesión del próximo 6 de agosto, abriendo un plazo de negociación en medio de fuertes cortocircuitos internos y una dura resistencia de la oposición dialoguista.

El proyecto, que busca modificar la ley de tierras actual (la cual limita la adquisición de empresarios extranjeros a un máximo de 1.000 hectáreas), provocó una profunda grieta entre los libertarios y sus aliados habituales.

Cortocircuitos con Sturzenegger y malestar en la bancada

Las dificultades del oficialismo no se limitaron a la falta de voluntades en el recinto, sino que expusieron diferencias de criterio con el Poder Ejecutivo. Fuentes parlamentarias señalaron que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, rechazó de plano la versión número 15 del dictamen de mayoría.

El texto de esa última reforma proponía que cada provincia pudiera dictar su propia legislación sobre el tema. De este modo, si la ley nacional eliminaba los topes a las compras extranjeras, los distritos provinciales quedaban facultados para restituirlos, una alternativa que el Gobierno nacional no estuvo dispuesto a convalidar.

El rechazo de Sturzenegger generó un fuerte malestar en Patricia Bullrich, quien se enteró de la posición de la Casa Rosada luego de haber comunicado los supuestos consensos en la última reunión de la mesa política.

A este escenario se sumó el rechazo inflexible de un grupo de senadores aliados clave, entre los que se destacan los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Famia, así como los legisladores de partidos provinciales Alejandra Vigo (Córdoba), José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), y Edith Terenzi (Chubut).

La iniciativa oficialista, además del capítulo de tierras, contempla reformas sensibles en el régimen de alquileres, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

Quórum con lo justo y un durísimo cruce entre Villarruel y Bullrich

La paridad en la Cámara Alta quedó en evidencia desde el inicio de la jornada, cuando el oficialismo apenas logró reunir el piso mínimo de 37 senadores para habilitar el quórum.

La sesión comenzó gracias a la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 legisladores del PRO, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero y 1 de La Neuquinidad.

En tanto, decidieron no bajar al recinto los integrantes de Convicción Federal —bloque conducido por la peronista Carolina Moisés—, Despierta Chubut, Movere Santa Cruz, Independencia y Provincias Unidas.

Sin embargo, el dato más saliente de la jornada fue la fuerte discusión que mantuvieron, vía mensajes de texto, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, y la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich.

Trascendió que Villarruel se oponía a realizar la sesión en esta fecha y le reprochó a la senadora: «¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?».

La tensión escaló rápidamente hacia descalificaciones personales sobre el cierre del intercambio de mensajes. «Andá a chuparle las medias a Karina [Milei]», le espetó la vicepresidenta a la jefa del bloque. La respuesta de Bullrich fue tajante: «¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política».

Los puntos clave del límite a la compra de tierras

El eje principal del debate gira en torno a la desregulación del mercado de tierras rurales. El proyecto original del oficialismo elimina los límites generales de hectáreas para compradores extranjeros y transfiere a las provincias la potestad de autorizar las operaciones.

No obstante, el dictamen mantiene la prohibición de adquisición de tierras a Estados extranjeros o a empresas con participación estatal extranjera, salvo que cuenten con la autorización expresa de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Para las zonas de seguridad de frontera se requerirá, además, el aval de los gobiernos provinciales y nacionales.

En versiones previas del dictamen (como la número 13), la oposición había logrado mantener restricciones estrictas para firmas privadas con capital extranjero y la obligatoriedad del aval del Congreso Nacional para operaciones en áreas fronterizas, modificaciones que el oficialismo intentará renegociar de cara al debate del 6 de agosto.