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El Gobierno pospone el debate por la «Zona Fría» ante la falta de votos y patea los cambios en las tarifas de gas para después del invierno

La mesa política del oficialismo debió recalcular su estrategia legislativa. En una reunión clave, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, escuchó de primera mano el diagnóstico del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la senadora Patricia Bullrich: hoy no están los votos de los bloques dialoguistas para avanzar con la modificación del régimen de Zona Fría, el proyecto impulsado por Javier Milei que busca recortar los subsidios al gas. Ante este escenario, el debate en el recinto quedó postergado, en principio, para después del receso invernal.

La iniciativa oficial apunta a desarmar la ampliación territorial aprobada en 2021, la cual extendió el beneficio a 94 municipios bonaerenses y otras comunas del país, y regresar al esquema original focalizado en la Patagonia. La medida impactará de forma directa en las tarifas de 3.350.000 hogares en todo el país (1.240.000 de ellos ubicados en la provincia de Buenos Aires).

Para destrabar la ley, el Gobierno libertario apuesta a una negociación abierta con los diez senadores que responden a los gobernadores del Norte Grande.

Este bloque exige como contraprestación la creación de una «Zona Cálida» que reduzca las tarifas eléctricas durante el verano en sus provincias. Aunque esta compensación no fue incluida en la redacción original del proyecto, los mandatarios norteños exigen garantías firmes antes de habilitar el tratamiento en la Cámara Alta.

Sesiones confirmadas pero sin gas en la agenda

La postergación estira la vigencia del beneficio actual en territorio bonaerense al menos hasta agosto. En la reunión de jefes de bloque del Senado se acordó sesionar el próximo jueves 16 de julio, pero el temario excluirá la cuestión tarifaria.

El eje central de esa jornada será el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada —que llega con numerosas modificaciones respecto del dictamen original y enfrenta el rechazo del kirchnerismo—.

Tras las vacaciones de invierno, la actividad en el recinto se reanudará el 6 de agosto. Para esa fecha, la prioridad oficialista será el tratamiento de la «Ley Hojarasca», la iniciativa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ya cuenta con media sanción de Diputados y propone la derogación de unas 60 normas consideradas obsoletas.

El impacto real en las boletas

Aunque desde el entorno presidencial aseguran que el subsidio se mantendrá para los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales mensuales (unos $4,4 millones actuales), el proyecto introduce un cambio estructural en el modo de calcular el beneficio que golpeará los bolsillos de los usuarios de todo el país.

Actualmente, los beneficiarios de la Zona Fría reciben un descuento del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. El nuevo texto legal establece que la bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando afuera los otros dos componentes de la tarifa: el Valor Agregado de Distribución (VAD) —que representa el grueso del cargo fijo— y el costo del transporte troncal.

Al retirar la cobertura estatal de estos dos últimos segmentos, el incremento será generalizado. Incluso las provincias patagónicas, que mantendrán el régimen, verán reflejados aumentos en torno al 25% en sus boletas.

Para los 94 municipios de la provincia de Buenos Aires que perderían la condición de Zona Fría, el impacto será mayor. Debido a que el PIST representa habitualmente entre un tercio y un cuarto del valor total del servicio, un descuento del 50% aplicado exclusivamente sobre ese componente se traducirá en una reducción real de apenas el 15% en el total de la factura, antes de computar tasas e impuestos locales.