Denuncian penalmente al intendente Lunghi por frenar un desarrollo inmobiliario
Tres desarrolladores particulares acusan al jefe comunal y a su secretario de Obras Públicas de «maniobras organizadas» para bloquear el proyecto «Miradores de Montecristo».
El municipio defiende la legalidad de sus actos, mientras la sombra de un abogado con antecedentes judiciales y un pedido de interpelación agitan el clima político.
La gestión del histórico intendente Miguel Lunghi atraviesa uno de sus momentos más tensos tras la presentación de una denuncia penal que lo involucra directamente junto a su secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y al secretario Legal y Técnico, Juan Maciá Cantarelli.
La acusación, impulsada por los desarrolladores Juan Pedro Martín Burs y Roberto Gastón Giove, señala presuntas irregularidades administrativas destinadas a paralizar un loteo en la zona serrana de “La Porteña”.
Los ejes de la denuncia
El conflicto se centra en el proyecto “Miradores de Montecristo”, ubicado en la Chacra 274. Según los denunciantes, el municipio habría ejecutado una «maniobra organizada» para frenar el avance de las obras, incurriendo en delitos como:
- Abuso de autoridad y tráfico de influencias.
- Defraudación a la administración pública.
- Supresión de documentos: Se acusa el faltante de expedientes y el bloqueo al acceso de documentación pública.
- Estafa procesal: Basada en presuntos audios y comunicaciones que demostrarían que el freno al proyecto responde a motivos ajenos a la normativa vigente.
Los desarrolladores sostienen que el loteo posee derechos adquiridos desde la década de 1940, previos a las normativas actuales, lo que validaría la urbanización a pesar de las restricciones ambientales posteriores.
Tensión en el Concejo Deliberante
La onda expansiva de la denuncia llegó al ámbito legislativo el pasado 4 de febrero, cuando los particulares solicitaron formalmente la interpelación de Lunghi y la expulsión de sus funcionarios.
El bloque de Acción Tandilense – La Libertad Avanza se hizo eco del reclamo, manifestando su «profunda preocupación» por la parálisis administrativa y el presunto ocultamiento de documentos.
Sin embargo, desde el Ejecutivo calificaron de «llamativo» que el espacio libertario sea el único en alinearse con los denunciantes, asegurando que no existe una crisis institucional real.
La defensa oficial: «Es una disputa entre privados»
Desde la Municipalidad de Tandil rechazan tajantemente las acusaciones. Argumentan que la zona en disputa está protegida por la Ley de Paisaje Protegido y el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), tratándose de un área ambientalmente sensible.
«El Intendente realizó declaraciones para evitar perjuicios a terceros compradores, ya que la titularidad del terreno está judicializada entre privados», explicaron desde la comuna, subrayando que en 21 años de gestión Lunghi nunca enfrentó una denuncia de este tipo.
Respecto al faltante de expedientes, el municipio fue tajante: “No se ha presentado una sola prueba. Son afirmaciones sin respaldo objetivo”.
El factor Jorge Heter: Un historial bajo la lupa
Uno de los puntos que más debilita la postura de los denunciantes, según el oficialismo, es la figura del abogado cofirmante, Jorge Heter.
El letrado cuenta con un antecedente penal en Rosario: en 2013 fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por estafas vinculadas a depósitos judiciales inmovilizados.
Este «prontuario» ha sido utilizado por la gestión local para cuestionar la veracidad de la denuncia, tildándola de una maniobra para «manchar» la trayectoria del intendente.
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