La Provincia lanza un nuevo plan contra obras hidráulicas clandestinas: fin a un reglamento de 20 años
Tras dos décadas sin actualizaciones profundas, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo procedimiento para prevenir, tratar y resolver la existencia de canales y obras hidráulicas ilegales.
A través de la Resolución 46/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ejecutivo busca modernizar el control hídrico frente a un escenario marcado por inundaciones recurrentes en el sector agropecuario.
La norma, firmada por el ministro Gabriel Katopodis, deroga los reglamentos vigentes desde 2002 y 2003, introduciendo tecnología satelital y mayor agilidad administrativa para sancionar a los infractores.
Las claves del nuevo sistema de control
El cambio de paradigma se apoya en tres pilares fundamentales que buscan terminar con la burocracia que dificultaba la detección de canales irregulares:
- Denuncias digitales y de oficio: La Autoridad del Agua (ADA) habilitará un formulario electrónico en su web para que cualquier ciudadano pueda denunciar irregularidades. Además, la ADA, los municipios y la Dirección de Hidráulica podrán actuar de oficio sin necesidad de quejas previas.
- Vigilancia satelital: A diferencia del sistema anterior, que dependía casi exclusivamente del acceso terrestre (a veces impedido por los propietarios), ahora se permite la constatación mediante imágenes satelitales en tiempo real, certificadas legalmente.
- Sanciones y restitución: Quienes no logren demostrar la legalidad de sus obras en un plazo de 5 días tras la intimación, recibirán multas económicas y la obligación de restituir el terreno a su estado anterior, desactivando el canal a su propia costa.
El dato: Las obras privadas para evacuar excedentes pluviales no están prohibidas «per se», pero requieren estrictamente la aprobación previa de la ADA para no afectar el Sistema Hidráulico Provincial.
Impacto en el sector productivo
Esta medida llega en un momento crítico para el campo bonaerense. Los canales clandestinos suelen generar conflictos entre vecinos, ya que el agua desviada de un predio termina, muchas veces, inundando campos linderos o dañando caminos públicos.
Con la nueva normativa, el Ministerio de Infraestructura busca asegurar que el escurrimiento del agua responda a una planificación técnica y no a decisiones unilaterales de particulares.
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