Kicillof Promulga Ley que Prohíbe el Corte de Servicios Públicos a Instituciones y Organizaciones Sociales en Provincia
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, ha promulgado la Ley N° 15.553, una normativa que prohíbe el corte o interrupción de los servicios esenciales de energía eléctrica, agua potable, cloacas y gas a una serie de instituciones y asociaciones, aún cuando estas presenten mora en el pago o exista un aviso de corte en curso.
La iniciativa, impulsada por el diputado de La Cámpora, Facundo Tignanelli, fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y tiene como objetivo garantizar la continuidad del suministro de servicios públicos a instituciones cruciales para el funcionamiento social y estatal de la provincia.
Alcance de la Prohibición
La ley obliga a las prestatarias de servicios públicos de jurisdicción provincial a asegurar el suministro de luz, gas, agua potable y servicios cloacales a:
- Municipios y sus dependencias.
- Establecimientos Sanitarios y Educativos de gestión pública (provincial y municipal).
- Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro inscriptas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con una antigüedad mínima de tres años.
El artículo 2 establece un límite de consumo para estos beneficios, indicando que quedan amparados aquellos cuyo consumo no supere los 5.000 kWh mensuales.
Planes de Pago y Adhesión Municipal
Adicionalmente, la nueva normativa exige que las empresas prestatarias otorguen a los sujetos alcanzados «planes de pago en cuotas mensuales» con el fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y saldar sus deudas.
Este beneficio no solo aplica a deudas recientes, sino que también podrá ser solicitado por aquellos que se hubieran adherido a planes anteriores a la vigencia de esta ley y que se encuentren inactivos, expirados o incumplidos.
Finalmente, la ley otorga la potestad a los municipios de adherir a esta normativa sancionando las ordenanzas respectivas.
Al hacerlo, podrán reducir total y transitoriamente las alícuotas que perciban por los servicios involucrados y las tasas de alumbrado público, incentivando así la implementación total de la medida.
La medida busca proteger el funcionamiento de entidades esenciales como hospitales y escuelas, así como el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, asegurando la continuidad de servicios básicos. (DIB)
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