Tras más de 10 años de lucha incansable, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ordenado el cese total de la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua, ubicado en Jujuy.
Este fallo histórico también exige la reparación de los daños sufridos en la valiosa Selva de Yungas, un ecosistema vital.
Este logro monumental es el resultado de la perseverancia y unión de guardaparques, comunidades indígenas, vecinos, organizaciones sociales y más de 270.000 personas que se sumaron a la causa.
Desde 2015, cuando se organizaron protestas que llevaron a la anulación de las concesiones petroleras por parte de la legislatura de Jujuy, hasta el amparo judicial presentado en 2019 junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la presión no cesó.
La sentencia: un antes y un después
El máximo tribunal del país condenó al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy y a dos empresas petroleras a implementar un plan integral para clausurar las operaciones y reparar el daño ambiental.
Esta decisión responde a un amparo presentado en 2014 por vecinos afectados, lo que demuestra la importancia de la acción colectiva para defender nuestros recursos naturales.
El Parque Nacional Calilegua protege más de 76.000 hectáreas de Selva de Yungas, un paraíso de biodiversidad que alberga a la mitad de las aves de Argentina y es el hogar de especies en peligro de extinción, como el yaguareté.
La sentencia de la Corte Suprema es un paso crucial para asegurar la supervivencia de este santuario natural.
Este caso demuestra, una vez más, que la unión de miles de voces tiene el poder de detener la destrucción ambiental y proteger los ecosistemas que nos sostienen.
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