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La justicia argentina investiga una presunta red de corrupción que salpica al gobierno de Milei

La Justicia federal en Argentina investiga un esquema de corrupción que no considera un caso aislado, sino un posible «modus operandi» que se replicaría en otras áreas del gobierno de Javier Milei.

La investigación, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se inició a partir del caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y avanza con celeridad.

La sospecha de los investigadores es que se trata de un mecanismo de recaudación ilegal que involucra a la familia del presidente, incluyendo a Martín Menem y la hermana de Milei, Karina Milei.

El propio Presidente, Javier Milei, pareció avalar esta hipótesis cuando afirmó en un acto en Junín: «Están molestos porque les estamos afanando los choreos».

Coimas en la ANDIS y el rastro del dinero

El fiscal Picardi solicitó el bloqueo de las cajas de seguridad bancarias de los principales implicados en la causa de la ANDIS: el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo; su número dos, Daniel Garbellini; y los dueños de la droguería Suizo Argentina, los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker. La celeridad de la Justicia responde al temor de que se destruyan pruebas.

Una de las pistas clave es el aumento exponencial de los contratos de la droguería Suizo Argentina con el Estado.

Según un artículo del diario La Nación, estos contratos pasaron de 3900 millones de pesos en 2024 a 108 mil millones de pesos este año, lo que despertó un gran interés en los investigadores.

Obstaculización de la justicia y la reacción de los funcionarios

Durante los allanamientos en las propiedades de los implicados, el fiscal Picardi denunció una «actitud que lo indignó especialmente»: el presunto entorpecimiento de la seguridad privada de un barrio cerrado en Nordelta, que habría alertado a Jonathan Kovalivker para que vaciara sus cajas de seguridad y escapara.

Ante esta situación, el juez Casanello evalúa procesar al jefe de seguridad del country. Un investigador judicial afirmó: «Estamos hartos de que vigilantes de los countrys avisen a los implicados en causas judiciales antes que lleguemos para que escapen u oculten pruebas».

Jonathan Kovalivker se presentó ante la justicia y entregó su teléfono celular, pero se negó a dar la clave. En contraste, el ex funcionario Daniel Garbellini sí facilitó la clave de su dispositivo telefónico. La negativa de Kovalivker a cooperar con la investigación fortalece las sospechas de los investigadores.

A pesar de que los funcionarios judiciales temen que el gobierno intente descalificarlos, fuentes de Comodoro Py afirman que Casanello y Picardi son «funcionarios serios y muy prolijos». La investigación avanza y apunta al corazón de la presunta corrupción en el gobierno de Javier Milei.