Condenaron a seis años de prisión al exfiscal Cántaro por tráfico de drogas en Bahía Blanca
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca sentenció a seis años de prisión al exfiscal federal Alejandro Salvador Cántaro, hallándolo culpable de ser partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio.
La condena se agrava por haber sido cometido por un funcionario público a cargo de la prevención y persecución de este tipo de crímenes.
La sentencia, firmada por los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco, también incluye una inhabilitación por diez años para ejercer cualquier función pública.
Aunque se ordenó la detención de Cántaro, esta medida quedará en suspenso hasta que la decisión judicial adquiera firmeza.
Un largo camino judicial
Esta condena revierte una absolución anterior. En 2023, el mismo tribunal había absuelto a Cántaro, argumentando que el fiscal Gabriel González Da Silva había modificado la acusación durante el juicio.
Sin embargo, en 2024, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó un nuevo fallo. En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una queja de la defensa del exfiscal, allanando el camino para la nueva sentencia.
Cántaro fue acusado de encubrir a una banda narco a la que pertenecían su sobrino político, Sebastián Gauna San Millán, y su amigo Facundo Texido.
Este último fue uno de los ocho condenados en 2020 por integrar una organización dedicada a la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y boliches de Bahía Blanca y Punta Alta.
«Deslealtad institucional» y beneficio personal
Los jueces concluyeron que Cántaro no solo proporcionó a la banda un “incremento sustancial de su capacidad operativa”, sino que también facilitó el “aumento de su motivación favorable hacia la realización continuada del comercio de estupefacientes”.
En su resolución, el tribunal calificó la conducta del exfiscal como una “deslealtad institucional”. Afirmaron que, en lugar de perseguir las actividades criminales como era su deber, Cántaro utilizó su posición de privilegio para “favorecer los intereses de la organización criminal”.
Los magistrados señalaron que esta “particular traición al mandato constitucional” no solo compromete la credibilidad del sistema de justicia, sino que también “pervierte los fines mismos” de su alta responsabilidad.
El fallo se basó en gran medida en la declaración de los investigadores de Prefectura, quienes aportaron pruebas de que Cántaro tenía “conocimiento pleno de la actividad ilícita” de la banda.
Las conversaciones registradas revelaron su “familiaridad y falta de sorpresa” con la dinámica de las operaciones ilícitas. Incluso se mencionó que el exfiscal se beneficiaba del sistema de provisión regular de estupefacientes que le brindaba la organización.
«No solo revela su aceptación con respecto a la continuidad de la empresa criminal, sino que demuestra una participación consciente y deliberada en el favorecimiento de la actividad delictiva», concluyeron los jueces.
