El Ministerio Público Fiscal, a través de un «acuerdo de 10 puntos», ha hecho pública su oposición a la implementación del Código Procesal Penal Federal en noviembre, a diez años de su aprobación por el Congreso Nacional.
El procurador interino y un grupo de fiscales federales de Comodoro Py alegan falta de recursos, tiempo e infraestructura para justificar su postura, pero la verdadera razón parece ser otra.
Lo que está en juego es la permanencia de un sistema judicial que, por su opacidad y la falta de plazos, permite que causas de gran impacto social se dilaten indefinidamente sin rendición de cuentas.
¿Un sistema obsoleto en la mira?
El sistema actual, conocido como inquisitivo, ha permitido que grandes casos de corrupción y criminalidad económica queden estancados por años o incluso décadas. De hecho, el 99% de los casos que ingresan a Comodoro Py no obtienen una respuesta positiva.
Apenas el 1% de las condenas corresponden a delitos de alto impacto social, una cifra que evidencia la ineficacia del modelo.
Por el contrario, el nuevo sistema acusatorio, que ya se aplica en otras jurisdicciones del país con resultados positivos, establece audiencias orales y públicas, plazos máximos de duración (seis años para causas complejas) y mecanismos de rendición de cuentas.
Esta transformación, que busca reducir la impunidad, es lo que genera incomodidad en quienes se han valido del sistema actual para negociar con los poderes políticos y económicos.
¿Faltan realmente recursos? La evidencia dice lo contrario
Los fiscales de Comodoro Py argumentan que no cuentan con los medios necesarios, pero datos del propio Ministerio Público Fiscal y un informe del INECIP desmienten esta afirmación.
- Menor carga de trabajo: Comodoro Py es la jurisdicción federal con menor carga de trabajo por fiscal en todo el país, con hasta un 64% menos que en otros distritos.
- Pocos casos por litigante: La relación entre casos y litigantes (fiscales y auxiliares) es una de las más bajas del continente, con apenas 36 causas anuales por persona.
El propio Ministerio Público reconoce en sus informes que el sistema acusatorio ya ha demostrado ser más ágil y eficaz en la investigación de la narcocriminalidad.
La inacción de la Procuración, que no ha avanzado en la adecuación necesaria durante los diez años transcurridos, es lo que ha generado el actual retraso, y no la falta de recursos.
Una oportunidad histórica que no se puede perder
La implementación del sistema acusatorio no es una opción, sino una obligación legal que data de 2014 y un mandato constitucional desde 1853.
En otros países de América Latina, los Ministerios Públicos han sido los principales impulsores de este modelo por las herramientas que brinda para combatir la impunidad.
Es paradójico que, en Argentina, los fiscales federales se opongan ahora a un cambio que busca precisamente lo que ellos deben garantizar: una justicia eficaz.
La resistencia a este cambio institucional es tan marcada que, en un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Federal de Apelaciones decidió apartar al fiscal Carlos Stornelli de una causa, señalando que utilizó el expediente para canalizar su «animadversión» personal hacia el nuevo sistema.
La puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal representa una oportunidad histórica para dejar atrás el «pantano judicial» de Comodoro Py, marcado por la opacidad y la ineficacia, y dar paso a un sistema que garantice una justicia más transparente, rápida y eficiente para la sociedad. La verdadera discusión no es si se tienen los recursos, sino si existe la voluntad de cambiar.
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