Cómo romper el ciclo de bajo crecimiento y violencia en América Latina. La delincuencia le cuesta directamente a la región más del 3% del PIB y reduce el crecimiento.
La inestabilidad económica, a su vez, genera mayores tasas de delincuencia. Se pueden tomar medidas para romper este círculo vicioso.
La delincuencia violenta y la inseguridad tienen un impacto desproporcionado en América Latina y el Caribe, con graves consecuencias para el desarrollo socioeconómico. A pesar de representar solo el 8% de la población mundial, la región es responsable de casi un tercio de los homicidios a nivel mundial. Estas y otras estadísticas alarmantes ponen de relieve la urgente necesidad de contar con estrategias integrales para abordar los efectos de largo alcance de la delincuencia y la violencia.
Una nueva investigación del BID y el FMI destaca cómo el crimen, la inseguridad y el bajo crecimiento se refuerzan mutuamente en un círculo vicioso que sofoca la inversión, reduce el turismo y acelera la emigración. La inestabilidad macroeconómica (recesiones, picos de inflación y creciente desigualdad) está asociada con un aumento de la violencia. La facilidad de acceso a las armas de fuego y el crimen organizado amplifican estos efectos, socavando las instituciones y el estado de derecho.
Cuantificación de los costos del delito
Un estudio reciente del BID cuantifica las pérdidas directas y estima que el crimen y la violencia le cuestan a la región un 3,4 por ciento del PIB anual. Estos costos se deben a pérdidas de productividad debido a las vidas perdidas, las lesiones y los encarcelamientos; a los gastos del sector privado en seguridad; y al gasto público en policía, justicia y prisiones. Esto equivale al 80 por ciento de los presupuestos de educación pública de la región y al doble de su gasto en asistencia social.
Pero el impacto de la delincuencia no termina allí. Desalienta la inversión, reduce el turismo e impulsa la emigración, debilitando aún más la resiliencia económica y limitando el crecimiento futuro de la región. La investigación del FMI revela que la delincuencia obstaculiza la innovación y reduce la productividad de las empresas, lo que agrava el estancamiento económico con el tiempo. Aprovechando datos geolocalizados sobre luces nocturnas, el estudio concluye que reducir a la mitad las tasas de homicidios en municipios violentos podría aumentar su producción económica hasta en un 30%. A nivel regional, como se muestra en la investigación del FMI del año pasado , reducir las tasas de homicidios al promedio mundial podría impulsar el crecimiento anual del PIB de América Latina y el Caribe en 0,5 puntos porcentuales.
Por el contrario, la inestabilidad macroeconómica suele generar picos de violencia: una recesión en América Latina y el Caribe se asocia con un aumento del 6% de los homicidios al año siguiente, mientras que picos de inflación superiores al 10% se vinculan con un aumento del 10% de los homicidios al año siguiente. La creciente desigualdad exacerba aún más el vínculo entre el estancamiento económico y la delincuencia.
¿Cómo pueden los responsables políticos ayudar a romper este ciclo?
Para romper este círculo vicioso es necesario comprender mejor sus causas y sus efectos. Una investigación rigurosa y mejores datos son esenciales para diseñar políticas públicas que reduzcan eficazmente la delincuencia. Instituciones como el BID y el FMI pueden generar evidencia, monitorear la dinámica de la delincuencia, asesorar a los países miembros y facilitar los debates. Como el tema se ha vuelto macrocrítico en la región, las instituciones reunieron a expertos y responsables de las políticas en una conferencia conjunta hace unas semanas.
En primer lugar, una política económica sólida cumple una función preventiva. La estabilidad, la baja inflación, unas redes de seguridad social sólidas y oportunidades que reduzcan la desigualdad y amplíen el acceso a la educación y al empleo son fundamentales para romper el ciclo de violencia y estancamiento. Las autoridades financieras también están en una posición privilegiada para debilitar las redes delictivas al abordar los mercados ilícitos, limitar los flujos financieros y combatir el lavado de dinero, cortando así los recursos que sustentan al crimen organizado.
En segundo lugar, debido a que el impacto del delito se extiende mucho más allá de los costos económicos directos, los responsables de las políticas económicas deben adoptar un papel más amplio apuntando a los grupos de alto riesgo, mejorando el monitoreo del delito y mejorando la coordinación entre agencias.
Las intervenciones eficaces pueden producir resultados transformadores. Con el apoyo del FMI, Jamaica implementó reformas que protegieron la inversión pública y el gasto social, al tiempo que logró reducir a la mitad la deuda entre 2012 y 2022. Las intervenciones comunitarias apoyadas por el BID redujeron la violencia de pandillas en el 68% de los barrios afectados.
En la provincia de Rosario, Argentina, se puso en marcha una estrategia integral para combatir el delito, que incluye el control territorial de barrios de alto riesgo por parte de la Policía Federal, sistemas penitenciarios más estrictos para delincuentes de alto perfil y el procesamiento colectivo de grupos delictivos en virtud de nuevas leyes como la ley antimafia. Estas iniciativas, junto con los avances en un código penal juvenil para disuadir a los narcotraficantes de reclutar a menores, han llevado a una reducción del 65% de los homicidios en 11 meses. En Honduras, las reformas estratégicas de seguridad contribuyeron a una reducción del 14% de la tasa de homicidios y a un aumento del 8% de la confianza pública en la aplicación de la ley.
Dada la magnitud del desafío, los responsables de las políticas deben priorizar el uso eficaz de los recursos. El gasto público en seguridad en la región ya es elevado (alrededor del 1,9% del PIB, o el 7,4% del gasto público total) y puede ser incluso mayor en el caso de los militares y los gobiernos subnacionales. Los ministros de finanzas y las autoridades fiscales deben comprender plenamente estos costos, que abarcan la policía, los tribunales, las prisiones y las instituciones relacionadas, para garantizar que los fondos se asignen de manera eficiente a las áreas con mayor impacto. También deben monitorearlos de la misma manera que supervisan otros gastos importantes, evaluando su impacto y presionando para obtener resultados.
El crimen transnacional exige cooperación regional
No basta con combatir la delincuencia únicamente a nivel nacional. Los grupos delictivos operan a través de las fronteras, lo que hace que las respuestas aisladas sean ineficaces y fragmentadas. Para abordar este desafío compartido, los países deben colaborar más estrechamente para desarrollar soluciones más sólidas y coordinadas.
Reconociendo la naturaleza transnacional del crimen, la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID busca unir a los gobiernos, la sociedad civil y los actores del sector privado. Esta alianza no sólo tiene como objetivo fortalecer las instituciones y mejorar la cooperación, sino que también apoya las políticas públicas y moviliza recursos para implementar soluciones basadas en evidencia que combatan eficazmente el crimen organizado y la violencia.
La colaboración regional es fundamental para desmantelar las sofisticadas e interconectadas redes del crimen organizado que socavan el estado de derecho y la estabilidad económica. Al promover esfuerzos unificados, instituciones como el FMI y el BID, junto con los gobiernos y la sociedad civil, tienen un papel fundamental que desempeñar en este esfuerzo.
Cuando la vida de las personas está en juego, el verdadero impacto de estos esfuerzos debe sentirse en el terreno: creando calles más seguras, restaurando la esperanza en las comunidades y ofreciendo a las personas una oportunidad real de prosperar económicamente en un futuro libre de violencia.
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